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Caso fentanilo adulterado: el ministro de Salud vuelve a ausentarse del Congreso y ANMAT dará explicaciones

La comisión especial que investiga la tragedia del fentanilo contaminado recibirá mañana a funcionarios de la ANMAT, mientras que el ministro Mario Lugones volverá a faltar a la citación. El juez Ernesto Kreplak ya mantuvo reuniones con legisladores y familiares, y aportó detalles clave sobre el avance de la causa.


La Comisión especial investigadora del caso de fentanilo adulterado volverá a reunirse este miércoles a las 9 de la mañana. Aunque el ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado nuevamente, fuentes legislativas confirmaron a TN que no asistirá. En su lugar, está previsto que concurran autoridades de la ANMAT, organismo clave en el control de medicamentos.

La comisión, presidida por la diputada socialista Mónica Fein y con Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Victoria Tolosa Paz (UxP) como vicepresidentas, avanza en paralelo a la investigación judicial que encabeza el juez federal Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata. Las tres legisladoras impulsaron iniciativas para profundizar el análisis parlamentario y acompañar el trabajo que ya se desarrolla en sede judicial.

Giudici explicó que durante las últimas semanas se escuchó a familiares y se recopilaron informes requeridos a organismos públicos como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la ANMAT y las carteras sanitarias de todas las provincias. “El único gobierno que no respondió fue el de Formosa”, señaló. Según la diputada, la información recolectada apunta a que “la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y en los contactos políticos que los protegieron durante los gobiernos anteriores”.

El juez Kreplak ya mantuvo reuniones tanto con integrantes de la comisión como con las familias de las víctimas. La semana pasada expuso en la Cámara baja y detalló los avances de la investigación. Allí explicó que uno de los primeros pasos fue identificar qué centros de salud habían recibido los lotes adulterados. “Reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que hoy no existe en el sistema sanitario argentino”, indicó. Según precisó, se peritaron siete lotes: cinco fueron descartados y dos confirmaron adulteración, aunque uno de ellos no habría llegado a aplicarse.

El magistrado también remarcó que su equipo trabajará durante la feria judicial para unificar información, revisar historias clínicas y avanzar hacia un número consolidado de víctimas fatales y no fatales. También anticipó que, si la Cámara valida el trabajo instruido, la causa podría elevarse a juicio a mediados del año próximo.

Desde el inicio, la comisión parlamentaria abrió sus reuniones a familiares de las víctimas, quienes acercaron una serie de propuestas legislativas. Entre ellas, destacaron la implementación de un sistema digital integral de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo —incluido el fentanilo—, el registro individual de cada unidad desde la producción hasta la administración al paciente, y la obligación de que laboratorios, droguerías y hospitales informen electrónicamente cada movimiento en tiempo real, bajo auditoría pública y judicial. También solicitaron la digitalización plena de la información sanitaria y la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas.

Mientras continúa el debate en el Congreso nacional, familiares de fallecidos por el fentanilo adulterado impulsaron además una audiencia este miércoles con la Comisión de Salud Pública de la Legislatura de Santa Fe, con el objetivo de promover normas más estrictas y protocolos claros que eviten nuevos episodios de adulteración.

Hasta el momento, las ampollas contaminadas dejaron 173 muertes en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Los lotes involucrados pertenecían a Laboratorios HLB Pharma Group SA y fueron distribuidos a través de Droguería Ramallo SA. Sus responsables, Ariel García Fulfaro y Javier Tchukran, permanecen detenidos. En la causa también se presentó como querellante el Ministerio de Salud, mientras que la ANMAT ordenó el recupero de los lotes adulterados y exigió a droguerías y centros de salud que informen cómo los habían adquirido.

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