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Bonapartismo en tiempos de default

Por Néstor Pitrola. El puñado de decretos de necesidad y urgencia y el megaproyecto de ley enviado al Congreso, presuntuosamente llamado de “solidaridad social y reactivación productiva”, se ha revelado rápidamente como un “paquetazo”.

El puñado de decretos de necesidad y urgencia y el megaproyecto de ley enviado al Congreso, presuntuosamente llamado de “solidaridad social y reactivación productiva”, se ha revelado rápidamente como un “paquetazo”, usando el modismo acuñado por el pueblo colombiano contra el plan de ajuste fondomonetarista aplicado por Duque, que desató las grandes huelgas generales en Colombia.

Al punto que distintos periodistas advirtieron, en la exposición del ministro Martín Guzmán, un “lenguaje amigable” con Wall Street y Washington. Lo que no le hicieron notar los periodistas acreditados al ministro es el asombroso parecido de las medidas con la reforma previsional de Macron que tiene al movimiento obrero francés en pie de guerra.

Un nuevo robo a los jubilados

Efectivamente, el corazón del “programa macroeconómico consistente” con “el equilibrio fiscal necesario” que haga “sustentable la deuda pública” es un formidable robo a los jubilados. Al mismo tiempo, es un menú de impuestazos, subsidios a los capitalistas, ataque al salario y un sendero devaluacionista, ejecutado mediante el otorgamiento de superpoderes al Presidente que dejan dibujado al Congreso. Diputados y Senadores votarán esa delegación de facultades autoamputando su propio cometido.

A los jubilados les anulan por 180 días la movilidad por la inflación de los últimos seis meses de 2019, la friolera de un 25/27 por ciento. De tal suerte que se anulan todos los regímenes especiales, de docentes, investigadores, estatales o cualquier otro, desenganchando el haber del salario testigo, en una palabra, acabando de un plumazo con todo vestigio del 82% móvil. Este sablazo emparenta a la “megaley” con la de Macron que elimina 42 regímenes especiales. En este caso, por ahora, los beneficiarios de esos regímenes especiales se podrán seguir jubilando por ellos, pero su jubilación se irá en picada, devorada por la inflación.

Ciertamente, entre los súperpoderes del Presidente, la ley faculta a Fernández para otorgar aumentos jubilatorios por decreto y decidir un nuevo régimen de movilidad. En este punto ha sido agudo Gabriel Sued en La Nación: “no proponen una nueva movilidad en la ley para evitar un escenario similar al de 2017”. El miedo no es zonzo.

Pero la ley no se queda allí. Amplía la potestad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de invertir hasta el 70% de su dinero en bonos públicos. O sea que se preparan para “vivir con lo nuestro” pagando deuda con la plata de los jubilados. Esto es concurrente con el anuncio de “no emitir”.

La cuestión de “favorecer a los más vulnerables” consiste en pagar dos bonos por única vez de 5.000 pesos en diciembre y enero para la mínima y después…veremos. Eso sí, con la plata del 51% de los jubilados que no cobran la mínima, para quienes no hay nada a la vista.

El sendero del FMI

El ministro ha sido claro. Recorreremos un sendero de equilibrio fiscal en 2020, para hacer sustentable el repago de la deuda en el futuro. Por otro lado, la megaley autoriza, hasta el momento en que se acuerde con el FMI, a pagar deuda con reservas emitiendo un bono del Tesoro de u$s 4.500 millones, o sea a terminar de vaciar el Banco Central.

El espinoso camino de la negociación del default busca ser pavimentado con este programa de ajuste que no se priva, sin embargo, de subsidiar al capital. La megaley mantiene el mínimo no imponible de cargas sociales de Macri en 7.003 pesos (hasta ese importe los empresarios no pagan cargas sociales), perpetúa también la exención de hasta 17.500 pesos a la industria textil y otras consideradas en crisis por Macri y agrega otro subsidio formidable: eleva a 17.000 pesos el importe libre de cargas sociales en las empresas de hasta 25 empleados (art. N° 23). Un universo enorme que desfinanciará a la Anses.

Por otro lado, se “faculta” al gobierno para negociar tarifas con las privatizadas, lo que abre el grifo de subsidios para morigerar nuevos tarifazos. El Tesoro, con sus recursos precarios, en un cuadro de recesión económica, tendrá que solventar los subsidios a los capitalistas, ya sea echando mano a la emisión monetaria o con ajustes de todo tipo. De abrirle los libros a las energéticas o de revisar las concesiones, ni hablar, convalidan el régimen de privatización del sector. Cuando fueron oposición votaron una ley de retrotraer tarifas al 2017. Ahora gobiernan con las de 2019.

A estas alturas es claro que honrar las deudas usurarias e ilegítimas no será gratis para el pueblo argentino. Al contrario, se aprecia que la negociación secreta con el FMI y los bonistas ya está en marcha. No hay presupuesto, para mostrar en tres meses que se gobierna con la austeridad reclamada y que hay voluntad de elaborar un presupuesto al servicio de la reestructuración de la deuda en los plazos e intereses que se acuerden, con quita o sin ella.

Pacto social y reforma laboral sui generis

En simultáneo con la conferencia de Martín Guzmán, el Presidente y Pignanelli del Smata exhibían el “plan automotriz estratégico”, que consideran un camino extraído de los ejemplos internacionales elaborados en conjunto por las poderosas patronales automotrices, los burócratas sindicales de distintas latitudes y los Estados de diversos países. Efectivamente, un obrero automotriz brasileño o mexicano, gana menos comparativamente que un obrero mecánico argentino y sus condiciones de trabajo son de mayor superexplotación a pesar de los “avances” dados en ese sentido por los convenios por empresa de la industria mecánica argentina, con casos emblemáticos como Toyota, General Motors y otros.

Este “sendero” también es fondomonetarista y fue empezado a recorrer por la burocracia petrolera en Vaca Muerta, lo que ha producido ya casi una decena de muertes por la precarización laboral, pero no ha evitado la ola de despidos del último período alrededor de la “crisis” que pretextan las empresas por el “retraso” de los precios en los combustibles que estiman en un 10 por ciento. En todo el paquete “nacional y popular” no hay una palabra de la cuestión petrolera, donde las empresas condicionan la continuidad de Vaca Muerta a las condiciones leoninas de giro de utilidades, dolarización y flexibilización laboral.

La “doble indemnización” por seis meses, es un envoltorio de este camino, para hacer pasar el pacto social. Se ha desmentido la suspensión de paritarias, pero tenemos un indicio: en la “megaley” se faculta al Presidente a dar aumentos por decretos y, según el caso, que sean descontados de aportes patronales. Esto es contra las paritarias y contra la seguridad social.

Impuestazos

A todas estas polémicas medidas, hay que agregar la negociación con los “comprensivos” gobernadores que han aceptado revisar el pacto fiscal que firmaron con Macri en el cual se comprometían a rebajar progresivamente impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos y otros. Pues bien, se vienen impuestazos en las provincias para solventar la caída brutal de la recaudación por la recesión económica y los zarpazos últimos de Macri a los ingresos de las provincias. Y se trata de impuestos que van a los precios, de manera que el consumidor los pagará con mayor inflación.

El aumento en Bienes Personales es contra la clase media, porque los grandes capitalistas tienen sus bienes a nombre de empresas, que seguirán sujetas a una alícuota reducida y, por lo tanto, excluidas de la nueva carga impositiva. La clase media sufrirá otro cañazo con el 30% de impuesto al dólar turista y al dólar ahorro (o sea a los 200 dólares que permite el cepo cambiario) que de ese modo llevará el valor del blue a 82 pesos. Que ésta es la ruta de una devaluación no necesitamos explicárselo a los argentinos que ya lo vieron decenas de veces. Por otro lado, las consecuencias inflacionarias de estos impuestazos se agravarán en el bolsillo porque no hay actualización de los mínimos no imponibles del impuesto al salario.

En este contexto hay que valorar la actualización de las retenciones al capital agrario que patalea, pero al cual sólo le aplican una actualización y un pequeño aumento (3%) de las retenciones que puso Macri, cuando el dólar cotizaba a 38 pesos. Se han embolsado toda esa devaluación, liquidaron decenas de millones de toneladas por adelantado para ganarle al aumento de las retenciones y ahora patalean para disimular.

No hay tampoco una sola medida para terminar con el trabajo en negro. Al contrario, se busca institucionalizar el falso “cooperativismo de la economía popular” para eludir los convenios colectivos e incorporar el invento del sindicato del rubro a la estatización de las organizaciones obreras con el conjunto de la burocracia sindical.

Bonapartismo en tiempos de default

Empieza a descorrerse un velo. La realidad de clase del gobierno de los Fernández aparece de cuerpo entero, cuando todavía suenan los ecos de los festejos en la Plaza sin rejas. Argentina es América Latina en otros ritmos. Los trabajadores comienzan una dura experiencia con el gobierno que mayoritariamente acaban de votar. El presidente y su gabinete, loteado entre los componentes de la coalición pejotista, dejan ver la función política reaccionaria que el nacionalismo viene a cumplir en la Argentina quebrada: el rescate de los banqueros y acreedores afectados por el default. Como antes, las retenciones son para pagar deuda.

Los rasgos bonapartistas, de poderes especiales y envoltorio redistribucionista hacia los “más vulnerables” no pueden ocultar esa función de fondo. Cuando la crisis capitalista toma la forma aguda de la situación argentina, quienes defienden un régimen quebrado, que quema fuerzas productivas a cada paso, que es rehén del capital financiero, que agrava la dependencia del atraso argentino en el marco internacional de recesión y guerras comerciales, dejan ver su naturaleza última.

El papel de los socialistas del Partido Obrero será acompañar cada lucha a fondo. Desplegar un programa. Defender las jubilaciones y la Anses. Luchar por paritarias libres, por un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil. Por la ocupación de toda fábrica que cierre. Por la reincorporación de todos los despedidos. Por trabajo genuino y bajo convenio para los desocupados. Contra los tarifazos. Por la investigación y no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Por un Congreso con mandato de Bases de todo el movimiento obrero para debatir su intervención y la salida de los trabajadores a la crisis.

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