ARCA limitará la información fiscal a las provincias que no adhieran al plan para usar dólares no declarados

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, habló sobre el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", una iniciativa del Gobierno nacional para permitir a los ciudadanos utilizar sus ahorros no declarados sin restricciones excesivas. 

En diálogo con Cadena 3, Pazo lanzó una fuerte advertencia a las provincias que no adhieran al nuevo régimen, asegurando que perderán acceso a información tributaria clave y destacó la importancia de "proteger la libertad económica" de los ciudadanos.

Pazo explicó que el plan busca eliminar la burocracia y los controles abusivos que "llevaron a un 50% de informalidad económica en el país". 

"Estamos intentando proteger a quienes mantuvieron su ahorro y quieren gastarlo en libertad", afirmó, subrayando que el objetivo es evitar que las provincias utilicen la información que ARCA intercambia para "perseguir a los ciudadanos por sus consumos personales o incrementos patrimoniales".

El funcionario detalló que ARCA convocó a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información que preserve la privacidad de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, vigente desde el 1 de junio. 

"Las provincias que no adhieran dejarán de tener acceso a la información de facturación de personas y empresas, así como a los consumos por encima de los umbrales fijados por ARCA, como los 50 millones de pesos", advirtió Pazo, en clara alusión a la oposición expresada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien calificó el plan como un "blanqueo encubierto".

Pazo aclaró que, salvo Buenos Aires, ninguna provincia rechazó explícitamente el plan, y destacó que está programada una reunión con la Ciudad de Buenos Aires para este jueves a las 16 horas. 

Sobre Córdoba, señaló que, aunque el gobernador Martín Llaryora no estuvo presente en la reunión virtual del martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía provincial participó y mostró disposición para respaldar el régimen. "Córdoba nos va a acompañar, al igual que la mayoría de las provincias. Hoy enviaremos el modelo de adhesión y, a principios de la próxima semana, el proyecto de ley", afirmó.

El Régimen Simplificado de Ganancias, según Pazo, se enfoca en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y el incremento patrimonial. "ARCA predeterminará el impuesto, y el contribuyente podrá aceptarlo o rectificarlo si considera que se omitió alguna factura o gasto deducible", explicó a Cadena 3.

Este sistema, que entrará en vigor el 1 de junio, busca simplificar el cumplimiento tributario y tiene un efecto liberatorio al pagar, aunque los contribuyentes que superen el umbral de Bienes Personales deberán tributar por los bienes adquiridos.

Respondiendo a las críticas sobre posibles riesgos de evasión o blanqueo de fondos ilícitos, Pazo fue categórico: "Este no es un blanqueo, es un régimen simplificado que llegó para quedarse. No incluye a grandes contribuyentes ni personas jurídicas". 

Aseguró que los controles contra delitos graves, como el lavado de dinero, no se relajarán. "ARCA se dedicará a recaudar, el Banco Central a la integridad financiera, la UIF a prevenir el lavado, el Ministerio de Seguridad al narcotráfico y la Justicia a la corrupción", afirmó, destacando que la bancarización fortalece la trazabilidad de los activos, facilitando las investigaciones.

Pazo también abordó el impacto fiscal, asegurando que la medida no afectará significativamente la recaudación, que representa solo el 1,8% del total, y que incentivará el consumo y la inversión. "Ciudadanos que pagaron impuestos durante décadas podrán comprar un auto, un departamento o una licuadora sin ser perseguidos", dijo, citando el respaldo de sectores como CAME, entidades rurales y fabricantes.

Sobre la reforma de la Ley Penal Tributaria, Pazo indicó que el proyecto, que se presentará al Congreso en las próximas semanas, busca elevar el umbral de evasión penal tributaria, actualmente en 15.000 dólares, a estándares internacionales, posiblemente superiores a 50.000 dólares. "No puede ser que alguien enfrente prisión por una diferencia contable de 15.000 dólares. Queremos quitar el poder discrecional del Estado para perseguir a la gente", enfatizó.

Finalmente, Pazo rechazó las críticas que sugieren que el plan facilitará el blanqueo de dinero ilícito, acusando a los detractores de haber generado un "régimen soviético" que fomentó la informalidad. 

"Las críticas vienen de gobiernos con los mayores escándalos de corrupción. Este régimen no relaja los controles contra el delito; nos enfocaremos en lo que realmente importa", concluyó.