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Acuerdo regresivo de salarios para aplacar la inflación

*Por Julíán A. de Diego. El 15% de inflación para el 2012 es el objetivo subconsciente de todo el empresariado, y a la vez lo deseable para la CGT y por otras fracciones sindicales,en coincidencia con las aspiraciones gubernamentales.

Consecuentemente, el aumento salarial para el mismo período debería ser del 18% llegando al 20% como máximo. Todo esto es sin dudas voluntarismo metafísico. En el 2011 las estimaciones del 35% de inflación en el primer trimestre arrastraron -entre otros factores- a los sindicatos a lograr aumentos que promediaron el 30% con una inflación real muy inferior a los incrementos logrados en la negociación colectiva.

Hoy sabemos que la inflación real no llegará al 25%, en consecuencia muchos convenios recuperaron más de diez puntos porcentuales de poder de compra. Por ende, para bajar las expectativas, parece que es ‘el nombre del juego‘. En rigor, es un evento central que la gestión de la próxima etapa constitucional apunte todos sus esfuerzos a luchar con eficacia contra la inflación, y resulta claro que las necesidades no se corresponden con los deseos, y mucho menos con las expectativas. Más de la mitad de los asalariados aprendió a operar con la inflación, endeudándose en cuotas fijas, que se licúan si el signo monetario se deteriora y su gremio logra aumentos que superen dicho detrimento.

Si hoy siguiéramos para el 2012 las tendencias de los últimos ocho años, o sea el devenir de la "era K", donde año tras año el Salario Mínimo subió tres veces más que la inflación, y los salarios básicos de los convenios superaron entre un 60 y un 120% la inflación real, en el próximo año la inflación estimada -no menor a la del 2011- el Salario Mínimo subiría otro 25% llegando a $2825, mientras que los convenios ascenderían otro 30%. El tipo de cambio estático ha provocado además un crecimiento del salario real en dólares que en rigor, ha regresado a nuestra moneda a una relación de cambio similar a la del "uno a uno" de la convertibilidad.
Algunas acciones -como las que acabamos de describir-producen un efecto inercial negativo para afrontar la hazaña de combatir con eficacia la inflación reduciéndola, y ellos son la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, acordado entre el Gobierno Nacional, la CGT y el sector empresario. En efecto, la política social establecida como "política de Estado" en materia de redistribución del ingreso, llevó a impulsar mayores ajustes para los que registraban menores ingresos. Se recurrió a dos medios, la elevación del Salario Mínimo Vital y Móvil en parámetros que triplican la inflación real, al punto que de los $200 originales del 2002 hoy llegaron al récord de más de 1100% de ajuste llevándolo a la suma de $ 2.300 a partir del 1ro. de agosto pasado. Este desplazamiento es una herramienta que presiona a los sindicatos, que pujan por lograr que sus categorías convencionales más rezagadas no estén igual o por debajo de dicho mínimo, lo cual es vergonzante y a la vez un agravio al orgullo por su constante lucha por mejorar los ingresos.

En rigor, el Salario Mínimo presionó a tal punto, que hoy todos los convenios -en su nivel o categoría mínima- se encuentran en niveles superiores. La negociación colectiva a su vez estuvo signada por la necesidad de lograr un monto histórico digno, y una vez logrado un nivel de ingreso razonable, la consigna fue lograr en cada negociación aumentos superiores a la inflación real. La negociación de los convenios también conspira contra la construcción de una pirámide salarial razonable, y de hecho, los más perjudicados fueron los mandos medios y los profesionales, de donde en parte se extrajeron los recursos para repartir entre los trabajadores convencionados.

La Justicia acrecentó el costo laboral con numerosos fallos de naturaleza protectoria y reivindicativa, en segmentos y conceptos que son ajenos a la productividad y que tienen que ver como las consecuencias de las políticas sociales, o los efectos nocivos del crecimiento, transformándose en contingencias de alto costo y efectos impredecibles.

En alguna medida se generó un marco de imprevisibilidad que es difícil de retrotraer.
Contra todo este aluvión de ajustes del ingreso, hay que buscar prudencia, serenidad y firmeza en la adopción de una serie de medidas. Entre ellas resulta claro que es muy difícil crear una política eficaz contra la inflación si a los límites en los aumentos salariales no le adicionamos una reforma fiscal y previsional adecuadas. Por ejemplo, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias debería estar en torno de los $17.000, cuando hoy una persona puede quedar por debajo de los niveles de pobreza si se extraen las retenciones y se obtiene el neto de bolsillo que le queda para afrontar sus gastos alimentarios.

Otro tanto puede ocurrir con el pago de las asignaciones familiares, que se pierde cuando se supera el tope de $4.800 brutos, que en valores netos es menos de $3.800 que dividido por treinta representa un neto diario de $126 para viajar, trasladarse y pagar todos los gastos familiares. En definitiva, la reforma para ser completa y duradera, debe ser integral.

En rigor, la clase media es el motor que impulsa el mercado interno, es la aspiración social de toda la comunidad, y sin embargo, es la más castigada por las políticas sociales de los últimos años. Pagan impuestos altos, no pueden ahorrar, sufren detrimentos o superposiciones con los grupos sindicalizados o convencionados, y nadie los representa al momento de plantearse en forma global los deberes y derechos de los distintos segmentos sociales. En efecto, la clase obrera tiene los sindicatos, los empresarios tienen sus entidades, y los mandos medios pujarán por tener sus propias entidades representativas.

Un último capítulo ha adquirido singular relevancia, que es el de la caída de la productividad, fundamentalmente por la proliferación de los conflictos colectivos y la huelga salvaje que no han tenido límites y ni coto, frente a la necesidad de ser más competitivos. En alguna medida el aumento que se propicie a través de la "gran paritaria nacional", habrá que buscar un camino -difícil por cierto- de afectar los aumentos a mejoras o a garantías de la productividad. Como el "tempus fuguit", parece que habrá que hacer los anuncios al día siguiente a la elección del 23 de octubre o de la asunción del 12 de diciembre.