A los retornos les llegó la hora de la verdad
A tres meses del escándalo por los retornos en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, la Justicia avanza con la investigación y citaron a indagatoria a los acusados, para que puedan explicar ante el juez y el fiscal los hechos atribuidos en el marco de un posible circuito de sobornos.
Justo días después de que la nueva defensa de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia, fracasara al pedir la nulidad de la causa que lo tiene como principal sospechoso de un presunto entramado de corrupción.
El fiscal de la causa, Franco Picardi, solicitó las indagatorias —que fueron acompañadas por el juzgado— al determinar que la ANDIS se “constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.
La investigación del fiscal reveló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad serían ubicados en terceras firmas que no guardan —en principio— vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia”.
Concretamente, se han identificado “operaciones —remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques— (...) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, y las firmas vinculadas a este último —Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.—”, las que tendrían por objeto una acción de movilización de los fondos “tendientes a su blanqueo”.
La citación a declarar incluye a exfuncionarios y personas privadas, vinculadas a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo. En total, son 15 personas las que deberán declarar ante la Justicia Federal.
La acusación por la que deberán responder sostiene: “Los hechos habrían sido ejecutados —al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025— por un grupo organizado de personas, integrado por: Diego Orlando Spagnuolo; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari; Federico Maximiliano Santich; Guadalupe Ariana Muñoz; Patricio Gustavo Rama; Ruth Noemí Lozano; Andrés Horacio Arnaudo; Silvana Vanina Escudero; Alejandro Gastón Fuentes Acosta y otras personas.”
La sospecha de la Justicia es que la finalidad fue la comisión de “delitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas a través de maniobras fraudulentas y la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”. También “se detectó una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios”. También “el pago de sobornos a los funcionarios públicos”. Todo en “perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.
Los negocios de los funcionarios con particulares son cuestionables desde cualquier mirada, pero “hacer caja” para la política o para el bolsillo de unos funcionarios con partidas presupuestarias (plata) de gente que requiere de medicaciones o atenciones especiales, no hace más que mostrar lo miserables que son. Y en esta categoría se encuentran de un lado y del otro de la grieta: el problema no son las ideas, son los intereses, y por lo que se ve hasta acá, TODOS VIENEN A LO MISMO AL ESTADO: A HACER PLATA GRANDE Y RÁPIDO...
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