Habrá calles cortadas y controles en los ingresos a la Ciudad. El Ejecutivo determinó que los agentes de las distintas fuerzas de seguridad estén detrás de las vallas para evitar el contacto directo con los manifestantes.
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En la solicitud enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal Fernando Soto, se indica que algunos de los hinchas identificados arrojaron piedras contra el palacio legislativo o atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a pedido de Patricia Bullrich. La acusan de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
El diario citó a "fuentes indiscutibles" y aseguró que un funcionario del Gobierno bonaerense y un intendente del Partido Justicialista habrían ofrecido $50.000 "por cabeza" a un barrabrava con el fin de desencadenar la represión policial. "Prensa cómplice", acusó el mandatario.
Apuntó contra los alcaldes peronistas Espinosa y Otermin, y dijo que fue marcha fue organizada por un gremialista ligado a Barrionuevo. Pidió además que la jueza que ayer liberó a 114 detenidos deje el caso.
El Presidente habló durante una exposición agropecuaria acompañado por la ministra de Seguridad, tras las críticas que le realizaron por el operativo en el Congreso que terminó con severos incidentes y un herido de gravedad. También hubo un guiño oficial para José Luis Espert.
La magistrada que fue criticada desde la Casa Rosada dijo que tardaron “horas” en pasarle los datos de la última tanda de detenidos y que eran insuficientes.
Sufrió una fractura de cráneo. En un primer momento, fue asistido por colegas que se encontraban en el lugar y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permanece internado en terapia intensiva.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se analizará la actuación de Karina Andrade por “posible incumplimiento de sus funciones”. La magistrada argumentó que la policía suministró información imprecisa sobre las detenciones.
El cálculo fue realizado por el gobierno porteño e incluye la reparación o sustitución de todo el mobiliario urbano que fue dañado. También deberán reponer 260 contenedores de basura que fueron quemados o vandalizados.