Alberto Fernández quedó envuelto en un escándalo luego de que figuraran en un documento oficial los respaldos del mandatario de la provincia del sur, Mariano Arcioni, que está de licencia, y de su par Gustavo Bordet, que desmintió haber avalado la arremetida contra la Justicia.

A pesar de que sólo reunió el apoyo de 11 gobernadores, Alberto Fernández sigue negociando voluntades para avanzar en comisión con la acusación contra los cortesanos por “mal desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad por la coparticipación.

Fue anunciado luego de la reunión que el Presidente mantuvo con un grupo reducido de mandatarios. Los peronistas Juan Schiaretti y Omar Perotti no acompañan la iniciativa.

En la previa a la cumbre en la Casa Rosada, el mandatario provincial de Chaco, Jorge Capitanich, señaló que el fallo por la coparticipación es “escandaloso” y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, denunció al vocero del titular del máximo tribunal.

La reunión será el martes a las 10. Fueron citados los jefes provinciales que rechazaron el fallo del máximo tribunal por la coparticipación.

Mario Negri, el presidente del bloque de la UCR, fue uno de los dirigentes contrarios al Gobierno que apuntó contra la decisión de avanzar contra el presidente de la Corte.

El Presidente solicitará que “se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”. Es por el conflicto por los fondos de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. 

El Presidente dio marcha atrás y anunció que depositará los fondos en una cuenta del Banco Nación. Además, convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso prevea en una nueva ley las partidas necesarias para cumplir con la decisión judicial.

El presidente recibió dos demandas. La Coalición Cívica y Republicanos Unidos pidieron que la Justicia avance contra el Presidente, sus ministros y el gobernador Jorge Capitanich por incumplir una sentencia del máximo tribunal.

El máximo tribunal posee una herramientas muy fuerte para ejecutar su resolución. Se prevé que los jueces rechacen ambos recursos del Gobierno.