Durante el final de esta semana nos encontramos con un informe de la Auditoría General de la Nación en el cual se comunica que se utilizó un crédito del BID por U$S 400 millones, con destino específico para mejorar las condiciones del ferrocarril San Martín y la forma en que viajan los millones de pasajeros que lo utilizan diariamente, para sostener artificialmente el dólar barato en el orden de los $1.400.
Pero, para que se entienda mejor, recordemos que el 10 de mayo de 2024, a las 10.31 hs., hubo un choque de dos trenes de esa línea en la estación Palermo, más exactamente en el viaducto de Figueroa Alcorta y Dorrego.
En ese momento, los sindicatos ya habían denunciado que entre los meses de enero y marzo de ese mismo año se había robado el cableado del sistema de señales y no había sido repuesto. Esto ocurrió como consecuencia de la política nacional del “NO HAY PLATA”, anunciada el 10 de diciembre de 2023 por el Presidente entrante en las escalinatas del Congreso, de espaldas a la Casa de la Democracia y del Pueblo.
La medida fue ratificada 48 horas después por el entonces entrante ministro de Economía, Luis Caputo, con el corte de la obra pública.
Luego del choque, y con las imágenes emitidas por todas las señales de noticias, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tomó conocimiento de la situación y comenzó un proceso de elaboración de un proyecto de crédito por un total de U$S 400 millones para mejorar los sistemas de señales.
El crédito terminó de aprobarse en abril de 2025 y llegó a la Tesorería Nacional durante diciembre de ese año, siendo recibido por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Lo más importante del caso es que no solo no se utilizó el dinero para renovar las señales y el cableado, sino que, según el planteo del autor, se utilizó para mantener artificialmente el dólar alrededor de los $1.440 en adelante, sin lograr bajarlo y malgastando recursos que considera valiosos para la población.
Esa utilización fue ratificada, según el texto, por un dictamen de la AGN de esta semana, que comunicó que se trataría de otra “MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS” a la que, sostiene, el Poder Ejecutivo Nacional quiere acostumbrar a la sociedad.
El resultado de todo esto es una denuncia penal presentada por la diputada Pagano con esa carátula. Sin embargo, el autor plantea que se debería esperar una denuncia realizada por la AGN y que se incorporen otros posibles delitos, como “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO” y “ASOCIACIÓN ILÍCITA”.
Según el planteo, esto último podría configurarse si existió una orden administrativa del jefe de Gabinete o una orden política que incorporara al Presidente de la Nación en función de la Constitución Nacional. En caso de no haber existido ninguna de esas situaciones, sostiene que la responsabilidad podría recaer en la Secretaría General de la Presidencia, que, según afirma, durante los últimos 15 días se habría puesto al mando del Estado Nacional.
EL PAMI, SIEMPRE EL PAMI
También esta semana nos encontramos con que la cúpula del PAMI presentó su renuncia al no encontrar respuesta a la crisis financiera que, según el texto, llevaron al Instituto.
Desde su asunción, sostiene el autor, encontraron un organismo con un superávit de $300 millones y ya en abril, como lo había advertido en una nota publicada en Perfil, el PAMI se encontraba con un déficit de $1.400 billones.
Esto quiere decir que, en el lapso de 15 meses, el organismo se habría “comido” la cifra de $1.700 billones.
Entre abril de este año y julio pasado, la deuda habría bajado de $1,4 billones a $500 millones, como consecuencia de que Luis Caputo le otorgó una letra de Tesorería de casi $1 billón.
Al no poder reducirla más, según el texto, decidieron abandonar el PAMI. El autor cuestiona esta decisión y sostiene que deja sin atención y prestaciones a buena parte del país.
La situación, afirma, quedó reflejada en el paro de médicos de todas las provincias de la Patagonia, con unos 300 mil afiliados que no poseen cobertura.
También menciona la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde, según el texto, no existen ambulancias suficientes para atender urgencias y emergencias, que desde el 1 de junio de 2026 estarían siendo cubiertas por el SAME.
El autor destaca el esfuerzo realizado por el doctor Crescenti y el ministro Quirós, aunque sostiene que esta situación también genera demoras en la atención de vecinos que solicitan una ambulancia.
A esto se suma la causa por el fentanilo, en la que, según afirma el texto, funcionarias de la ANMAT comunicaron ante la Justicia que el ministro de Salud, Mario Lugones, habría estado al tanto de lo que ocurría.
A partir de estos elementos, el autor sostiene que el área de Salud del Poder Ejecutivo Nacional estaría atravesando una situación crítica y señala que se encuentran a la espera de las declaraciones de Nadia Beller.
Beller, quien sufrió un intento de homicidio en Bolivia, expresó que posee información vinculada también con la ANDIS y el área de discapacidad, incluyendo nombres de funcionarios nacionales relacionados con el tema.
ENDEUDADOS
El jueves de esta semana se realizó una marcha por los 21 millones de endeudados y los 7 millones de morosos, según datos atribuidos al Banco Central de la República Argentina.
El autor sostiene que esta situación fue provocada por las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el 12 de diciembre de 2023, cuando se decidió reducir la inflación mediante un proceso de recesión y aumentos salariales inferiores a la suba de precios.
También cuestiona la depreciación del peso, que pasó de $360 a $800, y sostiene que la inflación mensual aumentó del 12,8% de noviembre al 25,5% en diciembre.
Según el planteo, estas medidas colocaron a la población en una situación crítica, al punto de que muchos trabajadores no podían afrontar gastos básicos como la alimentación de sus hijos o la compra de medicamentos para los adultos mayores, en un contexto en el que el PAMI había reducido prestaciones.
Para el autor, la solución a esta situación debería ser responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional porque, según sostiene, sus políticas empujaron a buena parte de la población hacia un proceso de empobrecimiento general.
En ese sentido, plantea que el Gobierno debería recurrir a una letra del Tesoro Nacional, similar a la utilizada para intentar resolver la situación financiera del PAMI.
El texto también cuestiona la decisión del Gobierno de reducir el empleo público y sostiene que la caída de los salarios públicos y la reducción de la cantidad de empleados terminan afectando el consumo y, por lo tanto, la recaudación nacional.
Según esta interpretación, la menor demanda también repercute sobre el sector privado y puede provocar el cierre de empresas y comercios.
El autor menciona datos de la SRT y afirma que se produjo una baja de 30.000 empleadores, entre ellos 26.000 empresas y 4.000 comerciantes.
Finalmente, cuestiona el discurso presidencial y sostiene que quien gana la Presidencia de la Nación no se convierte en “EMPERADOR”, sino en un funcionario elegido democráticamente.
En ese sentido, plantea que el Presidente es un “simple inquilino de Olivos”, con los beneficios correspondientes al cargo, y concluye con una crítica directa al mandatario: “¿Y encima después tiene que volver a caminar por la calle, si se anima?”
Dejá tu comentario