Una ciudad azotada por el caos
Sea por los paros sorpresivos en el transporte o de los inspectores municipales, sea por los cortes de calles por diversos motivos, Córdoba se ha convertido en una ciudad caótica e inhabitable.
La sucesión de protestas callejeras, paros sorpresivos, huelgas prolongadas, cortes de calles y avenidas en las ciudades o en las rutas nacionales o provinciales, y otro sinfín de modos de protesta están creando en el país un clima de desobediencia que traspasa los límites de la convivencia civilizada y que viola abiertamente la Constitución Nacional en el capítulo de derechos y garantías individuales. Ya no se trata de simples desacatos a llamados o resoluciones de la Secretaría de Trabajo de la Provincia o del Ministerio de Trabajo de la Nación, sino de transgresiones flagrantes, a veces violentas, a las leyes fundamentales del país.
Hace poco tiempo, la presidenta de la República, Cristina Fernández, exhortó a los sindicatos y al conjunto de la población a no cortar o interrumpir la prestación de servicios esenciales.
Lo hizo quizá un poco tarde, porque durante varios años el Gobierno nacional dio vía libre a los piqueteros y a los usurpadores de espacios o edificios públicos, con el argumento de que no había que penalizar la protesta social, cuando de lo que se trataba y se trata es de aplicar las leyes, entre ellas el Código Penal, haciéndolo con mesura, prudencia y responsabilidad por parte de la autoridad pública, pero respetando y haciendo respetar los principios jurídicos y constitucionales básicos.
La prolongada huelga de los inspectores municipales de tránsito de la ciudad de Córdoba es un ejemplo más que se agrega a una larga lista de hechos similares, que se repiten con una frecuencia casi semanal, como si formaran parte del paisaje cotidiano de 1,5 millón de habitantes, si consideramos la ciudad y su área metropolitana. Todos ellos están hartos de soportar estos sufrimientos urbanos.
El caso del paro de los inspectores municipales puede considerarse emblemático, pues si hay algo que caracteriza a la ciudad de Córdoba en los últimos tiempos es la falla o la casi total inexistencia de un ordenamiento del tránsito.
Hay que admitirlo: ésta es una ciudad caótica, tanto para los automovilistas como para los peatones. Y el caos urbano no significa sólo incomodidad y demoras, sino también inseguridad y riesgos, sea para los conductores de los vehículos o para los ciudadanos de a pie.
La Municipalidad de Córdoba tiene una plantilla desmesurada de empleados –usada políticamente por el actual intendente, su antecesor y el sindicato–, que pagan todos los ciudadanos, quienes en este caso necesitan, a su vez, de una mínima prestación para ordenar su circulación por esta enorme urbe.
Nada explica un paro de inspectores por falta de insumos. Se trata, en todo caso, de una manifiesta negligencia o incapacidad de los funcionarios responsables, de un problema de asignación de recursos o de una preocupante crisis de autoridad. O todos esos factores en simultáneo.