Tras el fallo de la Corte, el Gobierno cree que la oposición no tiene los votos para derogar el DNU 70/2023

La convocatoria se mantiene e incluye otros reclamos, vinculados con la discapacidad y el desendeudamiento de las familias. Sin embargo, la decisión judicial generó dudas entre los sectores que impulsan la sesión, que necesitan reunir al menos 129 diputados sentados en sus bancas para habilitar el debate.

“Por ahora mantenemos la convocatoria, pero nos aleja este fallo de lograr el quórum”, reconoció a TN un importante diputado de la oposición.

El argumento de los bloques opositores es que, pese a la restitución provisoria de la Ley de Tierras, el Congreso debe pronunciarse sobre el decreto presidencial que derogó la normativa. El oficialismo, en cambio, apuesta a que el nuevo escenario judicial debilite la convocatoria y que algunos bloques provinciales y dialoguistas se nieguen a acompañarla.

La oposición insiste con rechazar el DNU de Milei

El socialista Esteban Paulón cuestionó el alcance de la decisión judicial y sostuvo que la oposición debe avanzar igualmente con el rechazo parlamentario del decreto.

“La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le pasó factura. Más allá de esta decisión, hay que voltearlo de todos modos”, afirmó.

Desde Unión por la Patria, el bloque que conduce Germán Martínez ratificó su intención de asistir a la sesión para defender la normativa y tratar los otros puntos incluidos en la convocatoria.

“Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”, señalaron desde la bancada.

También cuestionaron el intento de derogar la ley mediante el DNU firmado por Milei y atribuyeron la restitución provisoria de la norma a la presión de organizaciones y sectores movilizados.

El radical Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas, reclamó que el fallo no se convierta en un argumento para postergar el debate parlamentario. “La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, señaló que la cautelar es provisoria y que la discusión sigue abierta. También defendió una posición que combine inversión productiva, respaldo a los productores y límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Por qué la Corte restableció la Ley de Tierras

La decisión judicial se produjo a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

La organización advirtió que eliminar las restricciones a la extranjerización podía afectar la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

En diciembre de 2023, el artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa norma. La cautelar restableció provisoriamente su vigencia, mientras continúa la discusión judicial sobre la validez de la medida.

La oposición sostiene que el Congreso debe rechazar el decreto, mientras que el oficialismo busca evitar una votación que pueda representar un revés político para la Casa Rosada.

La pelea por el quórum y la estrategia del oficialismo

Los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas iniciaron conversaciones para definir cómo avanzar después del fallo. A ellos se sumaron los diputados Marcela Pagano, de Coherencia; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba; y Jorge Fernández, de Primero San Luis.

El principal obstáculo será reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. La Libertad Avanza confía en que algunos representantes de fuerzas provinciales no acompañen la convocatoria y, de esa manera, impidan el inicio del debate.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro destacó el papel de las organizaciones sociales en la decisión judicial y pidió mantener la presión pública. “Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta”, expresó.

Desde una posición diferente, el diputado del MID Eduardo Falcone cuestionó la posibilidad de derogar la totalidad del DNU 70/2023 y sostuvo que el tema debería resolverse mediante una ley específica para evitar, según planteó, un escenario de incertidumbre jurídica y política.

La Libertad Avanza prepara otra vía para discutir la ley

Mientras busca bloquear la sesión especial, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa apunta a reincorporar un capítulo vinculado con la Ley de Tierras Rurales, aunque con modificaciones respecto de la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Los cambios responderían a las objeciones planteadas por bloques aliados en el Senado, que habían cuestionado las disposiciones sobre extranjerización de tierras y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La estrategia legislativa de ambos sectores quedó así atravesada por el fallo de la Corte Suprema. La oposición busca aprovechar la convocatoria del 15 de octubre para rechazar el DNU, mientras el oficialismo intenta evitar que la Cámara baja llegue a debatirlo y prepara una alternativa para avanzar con su agenda de propiedad privada.