Todas las denuncias que realizó Úrsula Bahillo contra su femicida y que la Justicia no atendió

Este año ya tuvo más femicidios que días. Según datos del Observatorio Lucía Pérez, hasta este miércoles se registraron 44. El último, el de Úrsula Bahillo en Rojas, que conmocionó a la Argentina porque, como tantos otros, podría haberse evitado con algún tipo de accionar judicial. La joven de 18 años había denunciado al menos cinco veces a su exnovio Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía bonaerense que estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde septiembre y a quien la Justicia le había impuesto una restricción de acercamiento. El cuerpo de la víctima fue encontrado el lunes por la noche en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano.

Familiares, amigos y vecinos de la adolescente asesinada despidieron sus restos este miércoles y reclamaron justicia. El martes, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se reunió con los papás de la víctima. Horas después, Asuntos Internos, dependiente de esa cartera, ordenó la intervención de la Comisaría de Rojas y también de la seccional de la Mujer. Mientras avanza la investigación del crimen, los jefes de la seccional fueron desplazados.

Las autoridades colocarán el foco en la actuación de las sedes frente a las denuncias que había formulado Úrsula. Es que, de acuerdo a los dichos de Patricia Nasutti, la mamá de la joven, la última vez que se acercaron a la Comisaría de la Mujer porque Martínez había violado la perimetral, le dijeron a su hija que no tomarían la denuncia porque los fiscales “no trabajaban el fin de semana”.

El presunto femicida había sido denunciado por violencia de género y la Justicia le había impuesto la medida el 5 de febrero. El crimen, cometido el lunes, se descubrió tras un llamado al 911 en el que un tío del propio imputado refirió que creía que su sobrino había matado a una joven, porque le había confesado en un llamado que “se había mandado una cagada”.

La denuncia contra Martínez, de 25 años, la inició el 9 de enero la mamá de Úrsula. En la Comisaría de la Mujer local contó que el policía golpeaba a su hija. Ante eso, se dio intervención al fiscal Sergio Terrón, del Departamento Judicial de Junín. En esa oportunidad, el juez de Paz Luciano Callegari “dispuso medidas de protección en la urgencia, perímetro de exclusión y cese de hostigamiento por seis meses”, según consta en los oficios policiales que consignó la agencia Télam.

El lunes 1° de febrero, Patricia volvió a la comisaría para declarar que se había cruzado dos veces en la calle a Martínez, pero la justicia de Paz desestimó el testimonio. El viernes 5 de febrero, la misma Úrsula denunció al agresor en la Comisaría de la Mujer por “desobediencia y amenazas e infracción a la ley 12569 de violencia familiar”.

Un día después, el sábado 6 de febrero a la madrugada, la joven volvió a presentarse en esa seccional para denunciar que se había cruzado con Martínez en el pub Malcriada. Al día siguiente, a las 21 fue otra vez a la comisaría y alertó que Martínez la había interceptado en Avenida 3 de Febrero y 25 de Mayo. En esa oportunidad, según consta en el oficio policial, se solicitaron cámaras de monitoreo.

Ese episodio fue el último que denunció antes de que la asesinaran. En unos audios a los que accedió Telenoche, la joven le contó a una amiga la situación: “Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto”. “Yo tengo una perimetral y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo”, explicó. “Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”, expresó.

Úrsula tenía miedo. No solo quedó evidenciado en las denuncias que dejó asentadas en la Justicia, sino que, además, se lo había manifestado a sus allegados. “No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar, no aguanto más”, le contó el 16 de noviembre de 2020 entre lágrimas a una amiga, pocos meses antes de ser asesinada a puñaladas.

Además, el martes también se conocieron una serie de chats que dejan en evidencia que el acusado golpeaba y maltrataba a la víctima y la tenía amenazada de muerte. “Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, escribió Úrsula.

En otra de las conversaciones, la joven le relató a su amiga un terrible episodio de violencia de género que le tocó vivir en manos de Martínez, que en ese entonces era su pareja. “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta”, comenzó diciendo y continuó explicando que pasaron juntos por una calle donde él estaba trabajando de albañil con el tío y que había dos chicas, una la miró y le dijo: “Mirá la cornuda”. Frente a esto, la joven reveló que insultó a su novio y él la golpeó.

Finalmente, el lunes 8 de febrero, el mismo día en que Úrsula fue asesinada a puñaladas, un juez de Paz de esa ciudad bonaerense ordenó al municipio que le dieran un botón antipánico. Fue en un correo electrónico que nadie abrió durante esa jornada. El Ministerio de Seguridad no le entregó el dispositivo a tiempo “por no tener disponibles”, según consignó Télam.

La adolescente de 18 años fue encontrada asesinada el lunes por la noche en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Los investigadores buscan determinar si el acusado la citó en ese lugar o bien pactaron un encuentro para hablar de cuestiones de su antigua relación y las denuncias que ella había radicado.

Después de que el ministro Berni y el propio presidente Alberto Fernández se refirieran al femicidio, este miércoles, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo en diálogo con TN que “no alcanza” con indignarse por el crimen y se comprometió a “buscar las responsabilidades” del caso. “Acá se ve con una claridad indiscutible la enorme falla que tiene la intervención judicial”, lamentó.

Para la ministra, las herramientas existentes “alcanzan” para intervenir correctamente ante casos de violencia de género, por eso pidió “identificar responsabilidades” en el crimen de Úrsula. “Una persona que es miembro de las fuerzas de seguridad, está con licencia, tiene denuncias anteriores y una de ellas involucra un arma de fuego, recibe una nueva denuncia, viola una norma perimetral... que alguien pueda entender que no había que detenerlo preventivamente es incumplir con los estándares”, aseveró. En esa línea, cuestionó que hayan detenido a jóvenes en Rojas durante las protestas por el femicidio de Úrsula y no al agresor tras los reiterados episodios de violencia.

“Si no podemos identificar cada uno de los lugares donde se falló, la responsabilidad del Estado termina siendo responsabilidad de nadie”, analizó. Al respecto, dijo que “no hay ninguna duda de que para las administraciones de justicia en general y para las fuerzas de seguridad, cuando va y denuncia una mujer un hecho de violencia es un tema menor”.

Por eso, enfatizó la importancia de la Ley Micaela, que obliga a capacitar en materia de género a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Dijo que cada provincia es responsable de aplicar correctamente la norma y remarcó: “El punto es poder identificar cuando hay una situación de riesgo”.

En la misma línea, la ministra bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz reconoció este miércoles que a la joven “no se le ofreció nada” para evitar su femicidio, ni “se ponderó el riesgo” en el que se encontraba. Además, señaló que “es mucho lo que se tiene que mejorar desde el Estado”.

Según adelantaron fuentes de la cartera a TN, Díaz mantendrá reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad el jueves. Se espera que haya novedades en el transcurso del día. Uno de los puntos que podría analizarse en esos encuentros es la colocación de tobilleras electrónicas a los agresores. La administración trabajó en ese sentido en el último año: al comienzo de la gestión, había 52 de estos dispositivos activos y, actualmente, hay 227.

Según informaron oficialmente, “el abastecimiento de tobilleras está” y la aplicación se realiza en base al criterio de la evaluación de alto riesgo. “Se hace a partir de la llamada a la línea 144 o la derivación desde las áreas de Género de los municipios o de otras maneras de tomar contacto”, indicaron.