Rechazan el pedido de sobreseimiento de Amado Boudou en el caso Ciccone
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga al Vicepresidente por "negociaciones incompatibles con la función pública".
La Sala I de la Cámara Federal rechazó hoy un pedido de sobreseimiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el marco de la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.
Se trata de una resolución que ratificó la decisión del juez federal Ariel Lijo de rechazar el pedido de la defensa de Boudou para obtener su sobreseimiento a través de un planteo de "excepción por falta de acción", por el que se señalaba que los hechos investigados en la causa no constituían delito.
El Vicepresidente está acusado por "negociaciones incompatibles con la función pública" y se investiga si intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund accediera al control de la exCiccone mediante ventajosas medidas para levantar la quiebra.
En el fallo, firmado por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, se le pidió al juez interviniente actuar con "la premura que el caso reclama" para "adoptar una decisión que someta a Amado Boudou a los influjos de este proceso penal o bien que lo libere definitivamente de ellos".
"La permanente y unánime lucha contra la corrupción que la sociedad demanda exige que aquellas controversias en las que se debaten actos que atentan contra la transparencia que debe identificar el obrar del Estado y sus agentes sean prontamente develados", agregó la resolución.
Asimismo, los camaristas instaron a Lijo a "extremar los recaudos para culminar, con la premura que el caso merece, la tarea recolección de pruebas que permita resolver la situación de Amado Boudou por los hechos por los cuales fue denunciado".
"Así, es necesario que se determine la culpabilidad de las personas indicadas como responsables de afectar los intereses públicos, no retardando la condena a momentos en los que el paso del tiempo sólo les puede reservar un valor simbólico pero ineficaz para hacer realidad el vigor de la ley penal, o bien que se despeje la inevitable mácula que supone la sola sospecha de haber participado de un delito, en pos de restablecer el honor del que deben estar investidos los gobernantes, y con el que deben inspirar a la ciudadanía", precisaron.