Privatización de AySA: el Gobierno publicó los pliegos para licitar el 90% de la empresa

El Gobierno avanzó con un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). A través de la Resolución 704/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para desprenderse del 90% del paquete accionario de la empresa estatal.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y habilita el inicio formal del proceso para transferir el control de la compañía encargada de prestar el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Según se detalló oficialmente, la operación se realizará mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, bajo la modalidad “sin base”, es decir, sin un precio mínimo fijado previamente para la venta de las acciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es seleccionar a un “operador estratégico” que pueda hacerse cargo de la gestión integral de AySA, aportando capacidad financiera, técnica y operativa para administrar el servicio.

El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde las empresas interesadas podrán acceder a los pliegos, realizar consultas y presentar sus ofertas.

Además, el llamado será difundido durante diez días hábiles en el Boletín Oficial, en el portal DGMARKET del Banco Mundial y en los sitios oficiales del Ministerio de Economía y de AySA, con el objetivo de ampliar la convocatoria a potenciales inversores internacionales.

El cronograma oficial establece que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto a las 10 de la mañana, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura electrónica de sobres.

La privatización se apoya en la reciente aprobación del nuevo contrato de concesión entre el Estado y AySA, formalizado mediante la Resolución 543/2026. Ese esquema redefinió las condiciones de prestación del servicio y fijó metas de inversión y operación para los próximos años.

Uno de los puntos que podría generar mayor debate político y económico es justamente la decisión de avanzar con una licitación “sin base”, ya que no se estableció públicamente un valor mínimo para la venta de la participación estatal.

En paralelo, la resolución oficial también dispuso la creación de una Comisión de Evaluación que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas presentadas, con asistencia técnica de AySA y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

Con esta medida, el Gobierno entra en la etapa operativa de la privatización de la empresa, luego de haber avanzado previamente en la modificación del marco regulatorio y contractual del servicio.