Prepagas: lo bueno, lo malo y lo que aún falta
* Por Aldo Neri. La ley que sancionó el Congreso para la regulación de la medicina prepaga da pie a algunos comentarios, más allá de la discusión sobre las bondades y defectos de su contenido.
Es bueno que tengamos una ley regulatoria , reparando así la pérdida de anteriores proyectos que tuvo en estudio el Congreso, porque la salud es un asunto de interés público, independientemente de quién preste el servicio.
Su tratamiento hizo evidente una vez más que la salud es noticia y discusión cuando se perjudican los intereses de los protagonistas del sector: personal y sindicatos, profesionales, empresas comerciales, industria, con resultados no necesariamente coincidentes con el interés común, aunque todos hablen en su nombre.
Asociarse a una prepaga implica un seguro voluntario de salud que las personas contratan en el mercado con empresas en su mayoría comerciales y que se deben encuadrar tanto en las normas de lealtad comercial (derechos del consumidor) como en las de ética profesional y generales de salud pública.
Pero queda claro que están ahí para ganar dinero y no para la filantropía.
Su expansión en el país en los últimos veinte años se debe al fracaso del Estado y la sociedad en ofrecer un sistema universal e igualitario de calidad de servicio, fuera del mercado , como se intentó durante el gobierno de Alfonsín y, antes, en el último de Perón. Ambos intentos fracasaron. A lo que se agregó la iniciativa más reciente de parte del sindicalismo de asociarse con las prepagas, rompiendo el pacto de solidaridad grupal de los trabajadores que dio nacimiento a las obras sociales.
La ley avanza en la protección del abuso al beneficiario ; tiene debilidades que pueden ser remontadas por la reglamentación y un problema mayor en que se han centrado las objeciones. La posibilidad de que se incorporen a una prepaga personas enteradas de padecer enfermedades de alto costo de tratamiento que se desvinculen tras su curación es ciertamente un riesgo para su equilibrio financiero , sobre todo de las entidades pequeñas, y además lo es para las grandes con servicios de alta especialización.
La manera en que es posible superar este riesgo, sin desvirtuar el espíritu de la ley, que es evitar barreras en el acceso a lo que el paciente necesita, permitiría, a la par, solucionar una debilidad grave del sistema de obras sociales respecto a la misma clase de problema sanitario que, a través del hoy muy nombrado (pero nada renombrado) APE, ofrece oportunidad a la discrecionalidad y a la corrupción . Y esa manera es la constitución de un seguro institucional (no individual) que cubra el riesgo de las enfermedades de poca frecuencia pero de altísimo costo , al que aportarían las obras sociales y las prepagas, acompañándose de la disolución del APE . Esto último fue recomendado en esta misma página en un artículo mío del 15 de diciembre del año pasado.
El Gobierno debe tomar la iniciativa . Por cierto que esta no es la reforma de fondo que requiere el sistema, pero sí una señal de que su tan declamado progresismo muestra aquí voluntad de detener el crecimiento de la desigualdad entre los argentinos.