¿Otro golpe a la ley Moyano?: una empresa reparte ganancias
* Por Sergio Dattilo. La información fue celebrada en el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA) porque ése es justamente el modelo que vienen impulsando: convenios empresa por empresa y sin el peligro de «cogestión» con el gremio que conllevaba el proyecto de ley presentado por el diputado por la CGT Héctor Recalde.
La noticia no podría haber tenido mejor «timing» para la intención expresada por Cristina de Kirchner respecto de que empresarios y gremialistas arreglen entre ellos la cuestión del reparto de ganancias: ayer los empleados de la fabricante de neumáticos Firestone percibieron un bono por utilidades cercano a los $ 4.000, en virtud de un acuerdo privado entre el sindicato y la empresa. El acuerdo entre Firestone con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) se remonta a 2001, pero es sólo la cuarta ocasión en que la empresa obtiene ganancias suficientes como para compartirlas con su personal.
La información fue celebrada en el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA) porque ése es justamente el modelo que vienen impulsando: convenios empresa por empresa y sin el peligro de «cogestión» con el gremio que conllevaba el proyecto de ley presentado por el diputado por la CGT Héctor Recalde. En esa iniciativa, apoyada en principio por el secretario general de la CGT Hugo Moyano, se proponía -además del reparto de ganancias- un control sindical sobre los libros de la empresa, lo que de hecho implicaba un acceso casi irrestricto a las informaciones más reservadas sobre clientes, proveedores, facturación, etcétera.
Ahora, a partir de los dichos de la Presidente en su reunión de la semana pasada con la UIA, el líder sindical habría aceptado a regañadientes sentarse con la dirigencia industrial para tratar de instrumentar un «bono por productividad», que fue la figura sugerida por Cristina.
Los empresarios del sector fabril le reiterarán a Moyano (como ya hicieron otras veces antes) que no tienen problema alguno en acceder a esta demanda, por dos razones:
# Es totalmente preferible a la temida «ley Moyano»;
# Ya hay muchas empresas del ramo industrial que concedieron ese beneficio a sus trabajadores, sin problemas ni efectos negativos sobre sus balances; el caso Firestone es el ejemplo que llevarán esta semana a las charlas preliminares con los sindicalistas.
Para agregar insulto al agravio cabe apuntar que el SUTNA es parte de la CTA «oficial», que se empeña en capitanear Hugo Yasky, pese a haber perdido las elecciones en la central obrera «paralela», hoy dividida. A Yasky lo flanquearon el secretario general del SUTNA Pedro Wasiejko, y el diputado Ariel Basteiro.
Moyano no sabe de esos fraccionamientos: la CTA es el adversario, la dirija quien la dirija. El anuncio de ayer -hecho por el gremio- es un clavo más en el ataúd de una ley que el camionero sigue defendiendo como una de las bases de lanzamiento de su carrera política.
En tanto, la Presidente recibirá hoy a las 19.30 a la directiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el marco del denominado diálogo social que ya tuvo como protagonistas a la CGT, la UIA y la CTA «oficial». La reunión estaba prevista para ayer por la tarde, pero la mandataria canceló todas sus actividades de la víspera y pasó el encuentro con Osvaldo Cornide y su gente para hoy.
Dado que la CAME representa básicamente a las pymes y a parte del comercio, se espera que el temario de hoy atraviese las preocupaciones de esos sectores, que en muchos casos intersectan con los planteados por la UIA. Por eso, Cristina estará flanqueada hoy por los ministros Julio De Vido (Planificación), Carlos Tomada (Trabajo), Amado Boudou (Economía) y Débora Giorgi (Industria).
Pocas horas antes Giorgi irá a la UIA a explicar el denominado Plan 20-20, un listado de buenas intenciones que deberían apuntalar el desarrollo industrial argentino hasta el fin de la presente década. Los industriales, encabezados por José Ignacio de Mendiguren, le responderán con un viejo reclamo: la creación de un Banco Nacional de Desarrollo (o como se decida llamarlo) que cubra con fondos públicos las carencias crediticias que -aseguran- padece el sector.
También habrá tiempo -según pudo averiguar este diario- para tratar un tema que divide a los afiliados de la UIA: el régimen de licencias no automáticas de importación y las restricciones no escritas que surgen desde la Secretaría de Comercio Interior para el ingreso de bienes desde el exterior.
La división es más profunda de lo que parece porque, por citar sólo un caso, hay empresas como las automotrices que padecen la prohibición de importar tornillos, tuercas y bulones; en la otra vereda se ubican las pymes que producen esos artículos, pero cuya limitada capacidad no les permite abastecer el mercado argentino.
Como se ve, una cuestión no sencilla de resolver para Giorgi, que -de todos modos- viene inclinándose de manera inequívoca a favor de los fabricantes locales.