Oro o agua, un dilema que se globaliza

Un conflicto que ha pasado a ser el eje de una disputa política central, ya que el gobierno sostiene que de esa inversión dependen en buena medida sus planes de bienestar social.

Surge así en Perú un dilema -oro o agua consumible- que en nuestro país se ha instalado en los últimos años, con la explotación de las minas de ese metal existentes en San Juan, y que empieza a plantearse en cualquier lugar del planeta donde aparece una producción de este tipo.

El proyecto peruano Conga -con una inversión de 4.800 millones de dólares- es una extensión de la mina de oro a tajo abierto de Yanocha, la más grande en Latinoamérica. Y la oposición al plan representa el primer reto importante al presidente Ollanta Humala.

Humala asumió la presidencia en julio tras prometer a las mismas personas que ahora protestan contra Conga que él daría prioridad al agua potable sobre la extracción de minerales.

"Porque ustedes no toman oro, no comen oro... con respecto a la minería, se van a respetar las actividades de las agricultura, la ganadería", les había dicho durante la campaña a los habitantes del Estado norteño de Cajamarca. Pero cuando las protestas comenzaron a afectar el proyecto Conga el mes pasado, con destrucción de equipos, caminos bloqueados y trabajos suspendidos temporalmente, Humala comenzó a modificar su mensaje. "La disyuntiva no tiene que ser entre el oro y el agua -dice ahora-, los peruanos pueden tenerlos ambos".

Luego de que miles de personas se sumaron a las protestas en Cajamarca, obligando a cerrar negocios y concentrándose en plazas públicas, Humala dijo en una reunión de organizaciones campesinas: "El Estado, y en eso va mi palabra, va a garantizar el agua. Para todos nuestros hijos tiene que haber agua".

INVERSIONES MINERAS Y GASTO SOCIAL

Humala gobierna un país que gana el 61% de sus ingresos por exportaciones de la minería. Un auge en los precios de los metales alimentó un crecimiento anual de 7% de la economía peruana en el último decenio, y Humala heredó una administración con más de 40.000 millones de dólares en inversiones en minería a la espera.

Sin embargo, muy poco de la riqueza generada por la minería ha llegado a las altiplanicies en las que está la mayoría de las minas, y Humala ganó la presidencia con promesas de pensiones para los ancianos pobres, un aumento del salario mínimo, más gastos en educación y salud, electrificación rural y salubridad. Pero para financiar esos programas, consiguió que la industria minera aceptase un impuesto sobre las ganancias, con el que espera recaudar más de 1.000 millones de dólares al año.

"Es obvio que en esa negociación las empresas no dan un aporte gratis", dijo Carlos Monge, director para Latinoamérica de la organización sin fines de lucro Revenue Watch Institute. "El proyecto es un globo de ensayo sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de Humala con los empresarios mineros", afirma a su vez Julia Cuadros, de Cooperación, una organización que promueve desarrollo sostenible.

POSIBLES DAÑOS

Si Conga es suspendido la confianza de los inversionistas podría deteriorarse, causando el colapso de la agenda social de Humala. Pero la oposición al proyecto es intensa y los críticos dicen que un estudio de impacto ambiental de Conga aprobado el año pasado no responde adecuadamente a los potenciales daños que provocaría río abajo el cavar minas a cielo abierto en laderas, en lo que es un importante acuífero.

Esa explotación "va desaparecer las principales lagunas de la región que son las últimas que quedan para poder abastecer en los próximos años la expansión urbana", dijo el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. No sólo se verían afectados los 7.000 habitantes del área inmediata, sino también decenas de miles en los valles cercanos.

Cuatro reservas de agua artificiales van a reemplazar cuatro pequeños lagos de montaña que van a ser desplazados por el proyecto, que se extiende en 2.000 hectáreas en las nacientes de dos ríos. La mayor reserva va a ser usada para extraer el metal de la roca triturada y cubierta de cianuro, antes de colocarlo en barreras para impedir contaminación.

Según Omar Jabara, vocero de Newmont Mining Corp, la compañía estadounidense que tiene 51% de la propiedad del proyecto, las otras tres reservas van a aumentar a más del doble el agua almacenada para las comunidades vecinas.

Pero los ambientalistas dicen que el agua ya resultó contaminada con la mina de Yanacocha, que comenzó a operar en 1993 y produjo tres millones de onzas de oro en su mejor año y afectó las vías fluviales, y agregan que el proceso regulatorio favorece a los mineros porque el ministerio de Minería tiene siempre la última palabra en los estudios de impacto ambiental.

"Eso no ocurre en Chile, Colombia ni Ecuador", afirma Manuel Glave, un respetado economista en Lima. Y el ministerio del Ambiente hace recomendaciones en el proceso, pero ha estado inusualmente callado en el caso de Conga.

Esa falta de claridad ayudaría a explicar por qué Perú tiene actualmente más de 60 disputas sobre el impacto de la minería en las reservas de agua, mientras que al menos 38 personas fueron heridas en violentos choques con la policía en la ciudad de Andahuaylas, donde los campesinos demandan una prohibición de la minería.

(*) Columnista de AP, con colaboraciones para esta nota de los redactores Franklin Briceño y Martín Villenga