Ola de amparos para pedir que la Justicia frene el retroactivo en la tarifa de gas
La resolución del secretario de Energía, Javier Iguacel, de ordenar a los usuarios a realizar un pago retroactivo en 24 cuotas para compensar a las empresas de gas trajo polémica.
La resolución del secretario de Energía, Javier Iguacel, de ordenar a los usuarios a realizar un pago retroactivo en 24 cuotas para compensar a las empresas de gas por el costo de la devaluación que administró el propio gobierno nacional, disparó una ola de amparos colectivos con el objetivo de anular la medida. A contramano del reclamo ciudadano, el funcionario volvió a defender el aumento para "salir de la debacle", en referencia al gobierno anterior.
Las presentaciones judiciales no cesarán y por el contrario tenderán a multiplicarse. Quien esta semana sorprendió por su actuación fue el fiscal Guillermo Marijuán, al denunciar penalmente al ministro Iguacel por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"A partir de la resolución dictada se estaría compensando económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, en violación al efecto cancelatorio propio del pago de una deuda", indicó el fiscal en su denuncia.
Por su parte, el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) pidió declarar inconstitucional la decisión de la Casa Rosada. La resolución "establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal", sostuvieron desde el CEPIS.
Además, aseguró que por más que la justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, "el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos".
Los recursos judiciales apuntan a echar por tierra la resolución que "compensa" a las distribuidoras de gas tales como Central Puerto S.A, de Nicolás "Niky" Caputo; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, ambos empresarios amigos del presidente Mauricio Macri.
La decisión oficial anula el riesgo de las empresas y pone sobre las espaldas de la ciudadanía el costo de la devaluación del peso generada por la corrida cambiaria del mes de agosto. Sucede que los habitantes del país ya cargaron más de una vez sobre sus espaldas las consecuencias devaluatorias y no es la primera ocasión en la que se acumulan en los pasillos judiciales denuncias para retrotraer los tarifazos.
Las presentaciones judiciales no cesarán y por el contrario tenderán a multiplicarse. Quien esta semana sorprendió por su actuación fue el fiscal Guillermo Marijuán, al denunciar penalmente al ministro Iguacel por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"A partir de la resolución dictada se estaría compensando económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, en violación al efecto cancelatorio propio del pago de una deuda", indicó el fiscal en su denuncia.
Por su parte, el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) pidió declarar inconstitucional la decisión de la Casa Rosada. La resolución "establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal", sostuvieron desde el CEPIS.
Además, aseguró que por más que la justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, "el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos".
Los recursos judiciales apuntan a echar por tierra la resolución que "compensa" a las distribuidoras de gas tales como Central Puerto S.A, de Nicolás "Niky" Caputo; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, ambos empresarios amigos del presidente Mauricio Macri.
La decisión oficial anula el riesgo de las empresas y pone sobre las espaldas de la ciudadanía el costo de la devaluación del peso generada por la corrida cambiaria del mes de agosto. Sucede que los habitantes del país ya cargaron más de una vez sobre sus espaldas las consecuencias devaluatorias y no es la primera ocasión en la que se acumulan en los pasillos judiciales denuncias para retrotraer los tarifazos.