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Nuevo pacto de paz entre Colombia y las FARC: las ocho diferencias con el anterior

El gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero firmaron un nuevo acuerdo de no agresión a 40 días de que fracasara.

El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron en La Habana un nuevo acuerdo de paz al que consideran superador del que fue rechazado el pasado 2 de octubre en un plebiscito.

¿Qué diferencias hay con el anterior?

• El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución", dijo Santos.

• La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años. No podrá haber jueces extranjeros en la JEP (pero expertos no colombianos sí podrán participar dando opiniones). Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.

• Se definió con mayor claridad qué será la "restricción efectiva de la libertad". El nuevo acuerdo especifica dónde deberá cumplirse la pena, que será en un espacio no mayor al de una vereda (la más chica división rural de Colombia), qué horarios deberán respetar.

• "El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades", dijo el presidente Santos.

• Durante la dejación de armas, las FARC deberán declarar sus bienes y entregarlos para reparar a las víctimas.

• Se reducirá en un 30% la financiación al partido de las FARC, en comparación con el acuerdo anterior. "Para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos", dijo el presidente Santos.

• "Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida", dijo el presidente.

"Lo que sí se dejó claro", agregó, "es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos".

• El nuevo acuerdo reconoce a la familia y a los líderes religiosos como vícimas del conflicto. Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.

• El gran cambio que no ocurrió y que fue motivo de muchos votantes para decirle que "No" al primer acuerdo es que le daba a la posibilidad a los jefes guerrilleros de acceder a cargos electivos. Eso se mantuvo: podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir de 2018.

Hasta que no esté el texto definitivo es difícil tener claras las implicaciones específicas de estos y otros cambios.