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No reponen a los policías aunque Macri pague deuda

* Por Patricia García. El Gobierno nacional ratificó ayer que no volverá a prestar servicios adicionales de la Policía Federal en dependencias de la administración porteña.

Fue una jornada de confusión donde el ministerio que conduce Nilda Garré se vio obligado a dar a conocer cartas y notificaciones que había cursado al Gobierno porteño, mientras el macrismo continuó criticando duramente la medida, que afecta a 114 puntos de la Ciudad, entre ellos hospitales, algunas escuelas y otros edificios públicos como la oficina de Rentas y la Contaduría. Los federales, tal como se había anunciado, dejaron de prestar los servicios contratados por la Ciudad bajo la modalidad de adicionales a la medianoche de ayer.

En el medio se cruzó el reclamo por una deuda de esas prestaciones, mientras que el titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, advirtió que de no reponerse los efectivos demandarán judicialmente al Gobierno nacional. Ese reclamo lo haría hoy mismo la administración macrista, a la vez que estudia una alternativa para las custodias.

La Policía Federal le venía reclamando a Mauricio Macri el pago de una deuda que, al 14 de marzo pasado, calculó en $ 27,1 millones, según una nota que envió el 17 de ese mes, donde además advirtió sobre la suspensión del servicio por el cual la Ciudad paga 1.200 policías adicionales a razón de unos $ 4 millones mensuales. Desde el Gobierno porteño, en otra nota, respondieron que la deuda sólo ascendía a $ 20,5 millones y consideraron usual la mora en ese tipo de pagos.

Pero la confusión surgió cuando el Ministerio de Seguridad de la Capital Federal, que conduce Guillermo Montenegro, recibió una carta del jefe de la Policía Federal, comisario general Enrique Capdevila, comunicándole que con la intención de «incrementar la presencia policial en la vía pública, se rescindirá a partir del próximo 6 de mayo el acuerdo suscripto el 7 de septiembre de 2006». La misma comunicación recibió Macri. Eso, por unas horas, se entendió como que reponían el servicio hasta esa fecha, pero luego el Ministerio de Seguridad nacional comunicó a las comisarías que ratificaba la decisión.

Funcionarios de la cartera que conduce Garré explicaron a este diario que, por un lado, se retira la Policía que presta servicios adicionales ante la falta de pago, o sea el incumplimiento del contrato, pero que eso no afecta al desempeño de la Federal en lugares al aire libre, como los llamados senderos seguros que buscan proteger a los niños cuando ingresan a la escuela, y que sólo existen en algunos establecimientos. A la polémica y la confusión se agregó que en el Hospital Piñero de la Ciudad ocurrió un robo de las pertenencias de familiares de un paciente, pero luego se aclaró que fue antes de la medida anunciada por Garré. De todos modos, el personal llevará adelante un cese de actividades en reclamo de seguridad, que no afectará los servicios de urgencia.

Garré sostuvo que la medida obedece a un plan de reforzar la presencia policial en las calles, y que el Gobierno porteño «debía mucha plata, siete meses de retraso, pero no es por eso», dijo, sino para «responder a la lógica de más Policía para todos los vecinos y no de custodios de edificios o funcionarios». La ministra consideró que en la disputa se advertía «como una mala intención» cuando desde el macrismo aseguraban que los hospitales, por ejemplo, quedarían desguarnecidos. De paso, Garré comentó que la Policía Metropolitana cuenta con dos mil efectivos, «que es gente preparada, capacitada para esa tarea», y remarcó que parte de los adicionales se pagaban para custodia del jefe de Gobierno, sus ministros y supuestamente familiares de éstos.

«Esas personas lógicamente pueden ser custodiadas por servicios privados», consideró Garré.

«Estamos todos sorprendidos. No entendemos a dónde va la Presidente con el tema de la seguridad, porque se jode con el tema de la seguridad de los porteños. Si tenemos que discutir, discutámoslo nosotros, sin meter a la gente en el medio», replicó Macri.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, reveló que «en esto no hay plan B: la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la Policía Federal. En todo caso los que debieran presentar un plan alternativo son ellos».

Desde la Policía Metropolitana aseguran que con 2.000 efectivos no sería posible cubrir los lugares que deja vacantes la Federal y que estudiarían una alternativa.