Más de tres millones de pesos en multas a comercios infractores
El Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires aplicó entre enero y octubre de este año multas por más de 3 millones de pesos a comercios por no exhibir precios, diferencia entre los valores de góndolas y cajas, publicidad engañosa e infracciones a la Ley de Talles.
Según explicó el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Martín Ferré, "desde la gestión del gobernador Daniel Scioli buscamos generar un vínculo de transparencia entre el consumidor y el comerciante apelando a la toma de conciencia y a la responsabilidad social. Cumplir con este objetivo de defender al consumidor es prioridad para nosotros".
En lo que va del año la Provincia aplicó multas por 3.029.200 pesos y de ese total, el 29% (880.550 pesos) correspondió a sanciones aplicadas a comercios que violaron la Ley 12.665 o Ley de Talles.
Entre las infracciones detectadas figuraron la falta de marcación numérica en las prendas (la ley ordena ubicar los talles del 38 al 48), del pictograma que indica a qué medida corporal corresponde cada una de ellas y de stock correspondiente a todos los talles.
De todas maneras, las multas por violaciones a la Ley de Lealtad Comercial lideraron el ranking de sanciones y significaron el 51% del total en lo que va del año con 1.549.000 pesos.
Esta normativa establece controles de obligatoriedad de exhibición de precios, de control de diferencia de precios entre góndola y caja, del contenido neto de los productos y de publicidad engañosa.
Una vez que se determina la aplicación de una multa por no respetar la Ley de Lealtad Comercial y la de Metrología Legal (encargada de verificar pesos y medidas), se notifica al infractor quien tiene un plazo de 10 días hábiles para abonarla o apelarla.
Si es apelada interviene la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que puede confirmar la sanción totalmente, parcialmente o revocar la multa (por infracciones las Leyes de Defensa del Consumidor y Talles interviene el fuero Contencioso Administrativo).
En caso de que no se abone, procede la Fiscalía de Estado para su ejecución fiscal.