Ley de tierras: Pablo Quirno aseguró que "extranjero podría comprarse un pueblo o una provincia entera"
Las declaraciones del canciller generaron una fuerte reacción política y en la opinión pública.
Las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre la posibilidad de que inversores extranjeros puedan adquirir grandes extensiones de tierra en Argentina generaron una fuerte reacción política y reabrieron la discusión sobre los límites a la extranjerización del territorio.
Durante el debate por el proyecto oficialista de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Quirno defendió una mayor apertura para la llegada de capitales extranjeros y planteó que, bajo un esquema más flexible, un inversor podría comprar grandes superficies, incluso dentro de una localidad. Sus dichos fueron cuestionados por sectores opositores, gobernadores y organizaciones que advierten sobre el riesgo de perder control sobre tierras consideradas estratégicas.
-Si extranjero viene a comprarse un PUEBLO ENTERO o una PROVINCIA ENTERA, podría hacerlo?
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 5, 2026
-Y sí
El Canciller Pablo Quirno sigue defendiendo vender una PROVINCIA ENTERA a un extranjero. Mañana todos a la calle a frenar la ley completa pic.twitter.com/x6phHf7Y8M
La discusión se centra en la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada en 2011, que establece límites a la propiedad extranjera de tierras. Entre sus principales restricciones fija un máximo del 15% de dominio extranjero sobre el territorio rural a nivel nacional, provincial y municipal, además de establecer límites para evitar concentraciones en manos de un mismo país de origen.
El debate por la flexibilización de los límites
El Gobierno impulsó modificaciones al régimen vigente con el argumento de que una mayor libertad para la compra de tierras podría favorecer la llegada de inversiones y generar actividad económica. Desde el oficialismo sostienen que la propiedad privada debe tener mayores garantías y que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos.
La iniciativa generó resistencia entre distintos sectores políticos, que plantearon reparos vinculados a la soberanía territorial, el acceso a recursos naturales y el control de zonas consideradas estratégicas, como áreas cercanas a fronteras o regiones con importantes reservas de agua, minerales o tierras productivas.
Ante la falta de consensos parlamentarios, el capítulo vinculado a la modificación del régimen de tierras rurales fue retirado del proyecto para intentar avanzar con el resto de la iniciativa legislativa.
El antecedente que volvió al centro de la escena
En medio de la discusión volvió a mencionarse el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, ocurrido en 2008. La operación, que involucró unas 200.000 hectáreas en la zona cordillerana, generó cuestionamientos por la concentración de tierras y el impacto sobre pobladores locales.
El episodio se convirtió en uno de los antecedentes utilizados por sectores que impulsaron años después la sanción de la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de establecer límites a la adquisición de grandes extensiones por parte de extranjeros.
Una frase que profundizó la grieta política
Las declaraciones de Quirno fueron interpretadas por sus críticos como una señal de apertura a una mayor extranjerización del territorio, mientras que desde el oficialismo defendieron la postura como una forma de atraer inversiones.
El debate volvió a instalar una discusión histórica en Argentina: cómo equilibrar la llegada de capitales extranjeros con la protección de los recursos y el control sobre el territorio nacional.
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