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Las sutilezas del tribuno

En la página siguiente se reproduce una carta del diputado Hugo Manuel Argerich sobre un proyecto de resolución que presentó el año pasado para destacar el accionar del fiscal de Santa María Marcelo González, hoy sometido a jury, e instar al Poder Judicial provincial a imitarlo.

Argerich se queja porque esta columna no interpretó su iniciativa, que suponía un cuestionamiento a la Justicia catamarqueña por no actuar de oficio ante "sospechas hechas públicas", como González, cuando era un fiscal ejemplar, hacía. Lamenta El Ancasti que sus limitados escribas no tengan la competencia suficiente para captar el sentido profundo de la sutil prosa argerichiana. Y pide las correspondientes disculpas al ego del tribuno, cuya indignación se entiende. Sin embargo, apela a la comprensión de su elevado criterio.

Tal vez indujo a la confusión que, además de la enumeración de hechos sospechosos ocurridos en el Gobierno manifestara en los fundamentos del proyecto: "Indudablemente, resulta gratificante saber que la Justicia de Catamarca actúa de oficio para investigar el uso y destino de los fondos públicos que realizan los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de dichos fondos. Pero por otro lado, resulta preocupante el reparar que el celo puesto en el ejercicio de su función por el fiscal de Santa María no sería igual al empeño puesto de manifiesto por la mayoría de los fiscales".
 
Argerich tendría que considerar las limitaciones intelectuales de quienes trabajan en este humilde medio de provincia. No cualquiera está a la altura de sus luces, merecedoras sin dudas de destinatarios más "léidos". Resígnese, diputado: acá hay que explicar las cosas como a tontos. No supo advertir el periodista metido a opinar que destacar "el celo puesto en el ejercicio de su función por el fiscal de Santa María" no constituía elogio alguno, sino un hábil mecanismo literario para objetar a la totalidad del Poder Judicial catamarqueño.

Más burro que Platero, creyó que la objeción consistía, justamente, en contrastar la elogiable conducta de González con la de sus otros colegas fiscales, y que la crítica se desprendía del elogio, por lógica comparación entre el celo de uno y la falta de celo de los otros. Tal evaluación parecía ratificarse con el texto de la resolución propuesta, donde se expresaba que la Cámara baja "vería con agrado que el Poder Judicial, a través de los señores fiscales de turno, inicie investigaciones de oficio sobre el manejo de fondos públicos a partir de sospechas públicas realizadas por cualquier ciudadano o medio de comunicación, con el mismo ímpetu puesto de manifiesto por el señor fiscal de Santa María, doctor Marcelo González".
 
Esperando que el diputado no se moleste, a El Ancasti le gustaría hacer una aclaración, cosa que él no caiga en el mismo error del diario e incurra en lecturas "parciales". La alusión a su proyecto en la edición de ayer no pretendía ofenderlo, sino marcar la inconveniencia de asumir definiciones sobre el Poder Judicial en un marco de pasiones políticas exaltadas. En tal sentido, antes de hablar de él se recordó lo ocurrido con el Poder Judicial catamarqueño luego del Caso Morales y el modo en que el oficialismo de entonces conformó una justicia funcional al poder político, padecida por el justicialismo, la sociedad y también este diario, que llegó a tener 30 causas abiertas en su contra por sostener posiciones no precisamente halagüeñas para quienes gobernaban.

Este medio no cree que el diputado lea sólo las líneas que lo aluden particularmente a él, pues eso significaría que, como decía don Arturo Jauretche, está "enfermo de importancia personal". De más está decir, y hay archivo si importara constatarlo, que comparte con él el anhelo de una Justicia ecuánime, que aplique la misma vara a ricos, pobres, oficialistas y opositores. Lo que no comparte ni puede compartir es que se pretenda repetir una historia que debe superarse, no en favor de Argerich ni de El Ancasti, sino de todos los catamarqueños. Lo que la columna de ayer hizo fue advertir sobre la tentación latente, en algunos referentes desembozada, de aprovechar la tragedia de la Alcaidía y sus repercusiones políticas para organizar una justicia adicta al poder que viene, como ya supo hacerse.

En cuanto a los casos sospechosos que el legislador enumera, tiene como diputado la obligación de denunciarlos en el ámbito que corresponda. De este modo, contribuirá a salvar las omisiones de los fiscales que no actúan de oficio como González.