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La ley de medios va a contramano del mundo

* Por Susana Reinoso. A partir de la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley audiovisual en España que aprobó la fusión de las cadenas de TV privadas, se produjo en el mercado de la península un reacomodamiento cuyo objetivo es, a la luz de la televisión digital, que no es futuro sino presente, asegurar la supervivencia de la industria televisiva.

A partir de la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley audiovisual en España que aprobó la fusión de las cadenas de TV privadas, se produjo en el mercado de la península un reacomodamiento cuyo objetivo es, a la luz de la televisión digital, que no es futuro sino presente, asegurar la supervivencia de la industria televisiva.

La norma se sumó a la decisión política y jurídica sobre la publicidad que quitó de la televisión pública el aporte de anunciantes privados, para ser redistribuida entre los canales privados.

En medio de la crisis, el gobierno socialista buscó apuntalar a la industria, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina , donde la atomización televisiva parece ser el norte de ley de servicios audiovisuales, con un pie puesto en el desmantelamiento de los grupos privados de medios y otro pie sosteniendo la creación de un monopolio estatal de medios .

Producir televisión cuesta mucho dinero y la vida de la industria televisiva se basa en números. Y si la publicidad va a la televisión es por tratarse de medio que más cobertura tiene.

La aparición de la televisión digital en España ha traído como consecuencia un mayor reparto de la oferta y el lógico aumento de la segmentación. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en España el mercado de las telecomunicaciones tiene sus aguas bien divididas de la TV paga, de modo de impedir un reparto inequitativo de beneficios.

Es sabido que el desarrollo de las redes de telecomunicaciones es indispensable para acortar la brecha digital entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y a los contenidos y quienes quedan excluidos .

En América latina, Argentina es uno de los países que dispone de otra red -al margen de la que explotan las dos empresas monopólicas de telefonía- para la provisión y la distribución de contenidos audiovisuales. Esa red de televisión por cable incorporó, hace no tanto tiempo, el acceso a Internet, lo que redundó en competitividad para los precios y la calidad de la prestación a los usuarios.

La ley de medios se propone limitar a la TV por cable en la prestación de este servicio, consolidando por oposición el espacio de las telefónicas . Las empresas de cable tienen como tope el 35% del mercado. Todo el país se divide, para la prestación del servicio de telefonía básica y todo otro servicio anexo, entre las dos empresas monopólicas de la Argentina: Telefónica y Telecom.

Como un nuevo golpe a la zarandeada seguridad jurídica en el país, ese límite impuesto por la ley de medios es retroactivo.

Lo curioso es que, a las empresas telefónicas, que carecen del tope de mercado apuntado, se suma la hasta ahora única compañía extranjera de TV satelital del país: DirecTV.

Mientras las telefónicas llegan, con autorización del Estado, al 100% de los hogares, la TV por cable encuentra reducido al 35% del mercado su capacidad de crecimiento en la prestación de servicios y provisión de contenidos a nivel doméstico.

La decisión es a las claras discriminatoria. En las condiciones planteadas por la ley de medios, pese a todas las versiones que argumentan lo contrario, la brecha digital continuará ensanchándose.