La economía al inicio del año
Es preciso que el Gobierno deje de ignorar la inflación y la pobreza, y respete las instituciones y la seguridad jurídica.
Un año electoral constituye un desafío para una economía que se ve favorecida por el marco internacional, pero que requiere correcciones que no resultarán populares para la cultura política predominante. Este es el caso de la Argentina en el año que se inicia.
El promisorio aumento de los precios internacionales de las materias primas es un hecho de gran relevancia para los ingresos del agro y también del fisco, aunque en parte neutralizado por la posible reducción de la cosecha y por haber perdido nuestro país su condición de exportador de gas y petróleo.
Las muy reducidas tasas de interés en vigor en los países de mayor desarrollo impulsan a los capitales a buscar mejores rendimientos en las economías emergentes. La Argentina se beneficia de esta circunstancia que ha permitido neutralizar la fuga de capitales con el ingreso de flujos financieros, que si bien persiguen ganancias de corto plazo al amparo de un tipo de cambio casi fijo, han permitido reducir el riesgo país e incrementar las reservas del Banco Central.
En este favorable contexto externo, las economías de la región proyectan crecimientos sostenidos y, con la excepción de Venezuela, la Argentina y Bolivia, con inflaciones muy moderadas.
Justamente por estar incluidos en esta excepción es que no parece posible sostener por mucho tiempo la ilusión de un modelo que ha impulsado fuertemente el consumo y, por esa vía, la reactivación económica.
El sostenido aumento del gasto público ha llevado las cuentas públicas al rojo y la falta de acceso oficial al crédito ha obligado a cubrirlas con emisión monetaria. Sólo la hipocresía, el cinismo y el desparpajo del gobierno nacional le permiten hablar de un superávit primario, tomando como ingresos genuinos del Tesoro las transferencias de la Anses y del Banco Central. La expansión monetaria supera el 30 % anual y ha sido necesario modificar los límites del programa heredado del ex presidente Martín Redrado. Sin embargo, no por ello la autoridad monetaria ha puesto límite a las demandas e instrucciones del Poder Ejecutivo.
La prórroga del presupuesto de 2010 y su notable ampliación por un decreto de necesidad y urgencia confirman la intención del gobierno nacional de continuar expandiendo el gasto, además de asignarlo con discrecionalidad en propósitos de dudosa prioridad económica.
El año 2010 ha terminado con una inflación del 25 al 28%, aunque en el rubro alimentos supera el 35%, según estimaciones privadas. Esto explica las fuertes tensiones sociales, en particular en aquellos segmentos de la población que dependen de un empleo informal y que no han logrado las mejoras obtenidas por los gremios que representan al trabajo formalizado. El aumento de la pobreza es un problema que habrá que encarar, sin por ello dejar de prevenir y reprimir adecuadamente los desbordes sobre el orden público.
La política antiinflacionaria deberá salir del fracasado intento de falsear las estadísticas, controlar precios, congelar tarifas de servicios públicos y retrasar el tipo de cambio.
Así, se llegó a fines de 2010 sin haber logrado detener la inflación, pero afectando la producción de energía y la infraestructura de transporte, destruyendo la confianza y ahuyentando las inversiones de riesgo en beneficio de otros países de la región. Además de dejar de intervenir en los precios, el Gobierno debe producir un cambio sustancial en la calidad institucional y en la preservación de la seguridad jurídica. La inflación debe ser atacada en sus causas y no en sus efectos, y menos aún disimularla y mentir. La pretensión de corregirla mediante un acuerdo cívico y social entre dirigentes empresarios y sindicales es ilusoria.
Es necesario que los dogmatismos ideológicos del entorno presidencial dejen paso a un discurso convocante y racional, respetuoso del Estado de Derecho, que ponga por delante los intereses del país por sobre la confrontación y la división permanente. La salida definitiva del default junto con el restablecimiento de la seguridad jurídica son condiciones concurrentes para recuperar la confianza. La resistencia ideológica o puramente demagógica a aceptar las reglas internacionales es una muestra de infantilismo político y no de seguridad sobre el ejercicio soberano de gobierno. La tímida convocatoria al Fondo Monetario Internacional para asistir la reforma del Indec podría considerarse una señal correctiva de aquella equivocación.
No debe olvidarse que la confianza externa e interna acompañadas de una política de desregulación en materia cambiaria por parte del Banco Central y una clara señal de la Comisión Nacional de Valores hacia el crecimiento del mercado de capitales sin trabas políticas ni burocráticas, son imprescindibles para que haya inversiones con visión de largo plazo. Llegó la hora de que los órganos de contralor piensen y actúen para hacer crecer nuestro mercado de capitales de la misma forma que lo están haciendo nuestros hermanos chilenos, uruguayos, peruanos y brasileños. A su vez, la inversión es condición para el crecimiento genuino, la creación de empleo y la superación de rigideces en la oferta de bienes, que también son causa de inflación.
La Argentina tiene en 2011 una oportunidad y no debe desperdiciarla.