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La defensa de Claudio Contardi tras la acusación de múltiples hechos de violación a Julieta Prandi: “Absurdo e inexistente”

El hombre rechazó haber abusado sexualmente de la modelo, cuyos abogados pidieron elevar a juicio el expediente.

"La víctima soy yo". Palabras más, palabras menos, Claudio Raúl Contardi (54) rechazó en la Justicia haber abusado sexualmente de su ex esposa, Julieta Laura Prandi (41). Y replicó que esta "falsa denuncia" tiene como objetivo "continuar impidiendo el contacto" con los dos hijos varones que tuvo con la modelo y conductora, hoy de 11 y 7 años.

El empresario gastronómico, junto con su abogado Juan Carlos García Dietze, presentó este lunes un escrito ante el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 de Escobar, Christian José Fabio.

Fue en la misma jornada que los abogados de la víctima, Fernando Burlando y Javier Baños, requirieron la elevación a juicio del expediente por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en al menos 144 oportunidades".

En el escrito, al que accedió Clarín, Contardi rechazó "la infundada imputación" en su contra y negó "terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente el absurdo e inexistente hecho denunciado".

"Mi ex esposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo, pese a haberse generado tras nuestra separación diversas situaciones judicializadas que habrían dado lugar a ese tiempo tales insustentadas manifestaciones", señaló.

Además, remarcó que "uno de los temas controversiales" mantenidos en el divorcio "ha sido el tema de cuidado personal" de sus dos hijos, por lo que decidió "promover acciones en orden al delito de impedimento de contacto".

Contardi acusó a Prandi de impulsar "esta disparatada denuncia" cuando advirtió que "sus maniobras impeditivas de contacto" con los chicos comenzaron "a quedar sin efecto" y al tomar nota de que "la Justicia de Familia venía disponiendo la revinculación".

"Rechazo en consecuencias haber obrado disvaliosamente y en concreto la imputación que se me dirige en esta causa", concluyó el acusado.

 

La denuncia

Prandi radicó la denuncia contra su ex marido el 13 de octubre de 2021 y declaró en la Justicia el 13 de abril pasado. En la causa se sumaron dos pericias clave: el informe psicológico practicado por la perito oficial Bárbara Tomasich y el informe médico psiquiátrico que hizo Rafael Herrera Milano.

En el pedido de elevación a juicio, los abogados de la mujer enumeraron que, entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018, fecha en que la pareja se mudó a la localidad de Martínez, Contardi "accedió carnalmente a la víctima en reiteradas oportunidades en contra de su voluntad".

Según describieron, lo hizo "mediante amenazas y el empleo de violencia física, tomándola del cuello y del cabello por detrás, repitiendo dicho accionar en el tiempo -cuanto menos dos veces por semana-reiterándose los abusos sexuales como mínimo en 144 oportunidades".

"Para lograr su cometido, el imputado ejerció todo tipo de violencia física, psicológica y simbólica, refiriéndole a la víctima que 'como era su mujer tenía la obligación de tener relaciones sexuales', colocando a la denunciante en una situación totalmente asimétrica de poder en la cual, pese a no prestar su consentimiento libre para las relaciones, se veía impedida de resistirse toda vez que era doblegada física, psicológica y emocionalmente", añadieron.

También mencionaron distintas amenazas de muerte proferidas por el imputado: "Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano... Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona", le habría advertido.

Prandi sostiene que los abusos "se sucedieron dos o tres años antes de la separación". La relación había comenzado en 2009, año en el que se fueron a vivir juntos a un departamento en Avenida Del Libertador al 6600, en Núñez, hoy propiedad del hijo del empresario y también en litigio judicial con la mujer.

La pareja se casó en octubre de 2011. Tuvieron dos hijos varones. Convivieron también en dos propiedades de Escobar y Martínez, hasta que en noviembre de 2019 se divorciaron formalmente, nueve meses después de que ella se fuera de la casa que compartían.

En su declaración testimonial, la modelo enfatizó que, tras el nacimiento de su segundo hijo, Contardi se mostró como una "persona agresiva verbalmente" y "comenzó a controlar (toda) su vida" para "alejarla de sus seres queridos".

Según dijo, no la dejaba manejar y si quería ir a algún lugar, él tenía que llevarla. Incluso, hasta la obligaba a cambiar de teléfono.

"Llegada la noche, encontrándose durmiendo, Contardi la tomaba del cuello, del cabello, por detrás y comenzaba a penetrarla... Ello lo hacía habitualmente y cuando tenía ganas y cuanto más la declarante le decía que no quería, él más se empeñaba en hacerlo", indicó.

"¿Qué… estás con alguien, putita?", dice Prandi que le advertía su esposo, para luego "obligarla a tener relaciones sexuales".

La víctima relató que era tal el rechazo que "sentía ganas de vomitar" y que cuando el hombre llegaba a su casa, ella "se descomponía del miedo que le tenía".

Asimismo, denunció que él "constantemente la amenazaba con hacerle algo a sus padres y familiares si ella no hacía lo que él quería". Y que también le impedía hablar por teléfono con ellos.

Debido a los abusos sexuales, Prandi comentó que tuvo graves problemas de salud y llegó a ir hasta "once veces por día al baño con sangre". Entonces Contardi intentaba convencerla de que ella "tenía un cáncer de estómago" y que, por ello, tenía que "armar su testamento".

En la requisitoria de la querella, pidieron que la Justicia le otorgue al caso "la perspectiva de género adecuada que exigen los instrumentos internacionales ratificados" por la Argentina.

Asimismo, que se le dicte a Contardi una restricción de acercamiento a Prandi y su núcleo familiar a menos de 300 metros, la inhibición general de sus bienes y la prohibición de salida del país con entrega de su pasaporte, más un embargo sobre las cuentas del imputado hasta cubrir la suma de 100.000.000 de pesos.

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