La Corte dejó firme la condena contra Sergio Urribarri y podría volver a prisión por la causa de la publicidad oficial
El máximo tribunal rechazó por cuestiones procesales un recurso presentado por uno de los condenados y dejó firmes las penas del expediente por el desvío de fondos públicos durante las gestiones del ex gobernador de Entre Ríos. La Fiscalía podría pedir su detención.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador Sergio Urribarri en la causa que investigó irregularidades en contratos de publicidad oficial durante sus gestiones al frente de la provincia. La decisión también consolidó las penas impuestas al resto de los condenados en el expediente.
El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Gustavo Roberto Tamay, al considerar que no cumplía con los requisitos procesales establecidos en la Acordada 4/2007. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con esta resolución, quedaron firmes las condenas dictadas por el tribunal que intervino en la causa. Urribarri, que recibió una pena de ocho años de prisión, podría volver a quedar detenido, mientras que la Fiscalía analiza solicitar su arresto.
La causa por el desvío de fondos públicos
La investigación se centró en hechos ocurridos durante las administraciones de Urribarri en Entre Ríos, entre 2007 y 2015.
De acuerdo con lo establecido en el expediente, entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 para las arcas provinciales.
La Justicia también investigó otras maniobras relacionadas con la difusión de las precandidaturas presidenciales de Urribarri y con la publicidad de actos de gobierno.
Según la acusación que fue considerada probada durante el proceso, funcionó un mecanismo para direccionar fondos públicos hacia empresas de publicidad vinculadas al entonces gobernador, entre ellas firmas pertenecientes a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, aunque formalmente figuraran a nombre de otras personas.
El esquema habría permitido evitar los procedimientos destinados a garantizar la competencia entre proveedores del Estado. Los contratos eran aprobados mediante decretos y luego se confeccionaban actas que, según la investigación, simulaban la efectiva prestación de los servicios.
Los hechos fueron encuadrados en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Ocho años de prisión para Urribarri
En la sentencia, Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en distintos hechos.
También fueron condenados Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron penas de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación. Ambos fueron considerados partícipes primarios de las maniobras investigadas.
La resolución de la Corte no revisó el fondo de las acusaciones contra Urribarri. El máximo tribunal intervino a partir del recurso presentado por otro de los condenados y lo consideró inadmisible por cuestiones formales.
Al quedar firme la sentencia, se cerró una instancia procesal clave para los acusados.
Las otras condenas que quedaron firmes
El expediente también alcanzó a otros cinco condenados.
Gustavo Roberto Tamay recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Su recurso fue el que finalmente rechazó la Corte.
También fueron condenados Corina Elizabeth Cargnel y Gerardo Daniel Caruso, ambos a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por los mismos delitos.
Por su parte, Luciana María Belén Almada y Emiliano Osvaldo Giacopuzzi recibieron penas de dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación, como partícipes secundarios.
Con la decisión del máximo tribunal, todas esas condenas adquirieron firmeza.
Urribarri podría volver a quedar detenido
El punto que ahora genera mayor expectativa es la situación del ex gobernador entrerriano.
La condena de ocho años de prisión quedó firme luego de la decisión de la Corte y la Fiscalía podría solicitar que Urribarri vuelva a quedar detenido para comenzar a cumplir la pena.
El ex mandatario ya había atravesado una etapa de prisión preventiva durante el avance de otras instancias del proceso, aunque posteriormente recuperó la libertad.
Ahora, con el cierre de esta instancia extraordinaria, su situación judicial vuelve a quedar en el centro de la escena.
La resolución representa así un nuevo capítulo en una causa que investigó durante años el manejo de fondos públicos en Entre Ríos y que terminó con penas de prisión para el ex gobernador y varios de los funcionarios y empresarios involucrados.
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