La agenda educativa del futuro

El notable aumento del financiamiento educativo, que pasó de representar el 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2004 al 6,5% en el 2009, permitió mejorar los salarios docentes, facilitar el acceso de miles de alumnos al Nivel Inicial y al secundario, recuperar la educación técnica, fomentar la mejora de la formación docente y lanzar el programa nacional de una computadora por alumno. La ley de Educación Nacional del 2006 enmarcó este proceso y permitió recuperar el rol del Estado como garante central del derecho a la educación.

Pero la Argentina no ha logrado frenar la impresionante fragmentación del sistema educativo. No sólo los resultados de calidad –medidos por pruebas internacionales que sólo muestran un recorte parcial de los aprendizajes– han caído por debajo de los de otros países de la región como Chile o Uruguay sino que existen extremas desigualdades según escuelas y provincias. El impactante aumento de la desigualdad y la pobreza entre 1975 y el 2003 explica buena parte de este proceso, que la recuperación económica reciente no ha podido cambiar estructuralmente.

Con este diagnóstico, y desde el proyecto Agenda presidencial 2011-2015 con el que el Cippec busca aportar propuestas de política pública y mejorar la calidad del debate electoral, se identifican al menos cuatro desafíos para el próximo gobierno nacional en materia de educación.

En primer lugar, creemos que la definición más trascendental de la próxima presidencia en materia educativa será la formación docente. Formar docentes capaces, críticos, comprometidos y creativos será definitorio para la educación del futuro. No hay ningún camino –ni atajos por vía de presión externa, la tecnología o por meros aumentos de la inversión– más potente para mejorar la justicia y la calidad educativa, a la vez que adaptar y responder, desde la educación, a las gigantescas transformaciones sociales, culturales y tecnológicas. Para ello, proponemos concentrar la formación en unos 120 institutos de excelencia, con capacitación permanente en los restantes, y ampliar a cinco años la formación, con un año de residencia y uno de especialización y con un examen final para ejercer la docencia.

Una segunda propuesta enfatiza la necesidad de universalizar la sala de cuatro años y de crear una oferta estatal de educación, salud y desarrollo social para los niños de cero a tres años, una edad que se demuestra como determinante del futuro de las posibilidades de aprendizaje en la educación obligatoria. Cuanto más temprano invierta el Estado, más igualdad y más justicia generará.

La extensión de la jornada escolar para el 30% de los alumnos con mayores niveles de pobreza es la tercera propuesta estructural para la futura o el futuro presidente. Aquí se juega la posibilidad de redistribuir la riqueza simbólica y de ofrecer recorrer trayectorias educativas más potentes a los sectores más necesitados, con artes, deportes, tecnología, inglés y tiempo para apoyar a los alumnos con mayores problemas de aprendizaje. Es clave que ésta sea una política nacional para llegar a los más pobres de todo el país y que tenga un muy buen planeamiento, para aprovechar y crear una nueva conciencia pedagógica de inclusión plena en las escuelas primarias, con herramientas de apoyo y suficiente tiempo para que nadie repita el grado y todos tengan más oportunidades de aprender.

La cuarta propuesta refiere a la educación secundaria e indica la necesidad de mantener el rumbo de la actual política nacional en la materia, aunque incrementando los recursos para ello. La iniciativa de los planes de mejora destinados a todas las escuelas secundarias, con recursos nacionales para que las escuelas utilicen autónomamente y puedan concentrar las horas de trabajo de los profesores en una misma escuela y crear proyectos innovadores para involucrar más a los alumnos, es un camino loable para continuar.

Entre las restantes propuestas que Cippec elaboró se señala la necesidad de mantener el programa Conectar Igualdad, que reparte computadoras a todos los alumnos de escuelas secundarias estatales del país con un profundo apoyo pedagógico para los docentes. Además, se propone crear una escuela de gobierno de la educación, que capacite a los funcionarios y equipos técnicos de los ministerios de Educación provinciales y fortalezca su rol como agentes públicos desde una perspectiva federal, democrática y profesional de su función.

Estas propuestas son ambiciosas y costosas. Pero tenemos dos condiciones excepcionales que permiten soñar con la posibilidad de avanzar en esta dirección en los próximos cuatro años.

En primer lugar, las previsiones de crecimiento económico indican que, aun en un escenario conservador, el país crecerá a buen ritmo. Esto supone que sólo manteniendo el 6,5% del PBI actual destinado a educación todas estas metas pueden cumplirse. Si además logramos incrementar el salario de los docentes de las provincias que menos recursos tienen (dado que allí se concentran los bajos salarios del sector), se podría lograr un gigantesco salto en la oferta y en la justicia educativa del futuro de la Argentina.

Para ello una segunda condición es necesaria pero insuficiente: el centralismo fiscal. Un Estado nacional que incrementó su participación en la recaudación fiscal y que ha ganado terreno frente a las provincias es un requisito inevitable para generar condiciones de mayor igualdad. Si en cambio se incrementasen los recursos de las provincias, las brechas entre las más ricas y pobres se extremarían, dado que la coparticipación –el principal mecanismo de recursos entre provincias– es muy injusta y fija (siempre ganan las mismas provincias más beneficiadas y pierden las más pobres). Es necesario evitar, en la medida de lo posible, coparticipar más impuestos.

Pero el centralismo fiscal tiene el riesgo de generar discrecionalidad y control político del centro sobre los territorios. Por eso es necesaria una segunda condición, hoy ausente: la creación de fondos de asignación específica –no discrecionales y transparentes– para los sectores más vulnerables de la población y que beneficien a las provincias más pobres social y fiscalmente. Cada una de las grandes propuestas brevemente esbozadas puede implementarse desde la esfera nacional con una distribución objetiva y equitativa que beneficie a estos sectores y con una amplia participación federal y provincial en su diseño e implementación.

Tenemos la posibilidad de cambiar el futuro de la educación y, así, el destino de nuestros niños, niñas y jóvenes. Son necesarias claridad en el diagnóstico, propuestas sólidas y bien planificadas y mucha decisión política con articulación federal. Los desafíos son inmensos.

Tanto como las condiciones de integración social, crecimiento económico y participación democrática, que sólo el sistema educativo puede promover al mismo tiempo.