Kicillof respalda a Tapia y desafía a Milei por el control de la AFA

La tensión por el control institucional de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo con fuerte contenido político. La administración de Axel Kicillof oficializó el cambio de domicilio de la entidad a Pilar, en una decisión que beneficia a la conducción de Claudio Tapia y choca de lleno con el Gobierno nacional.

El movimiento se concretó a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que dio por finalizado el trámite de modificación de jurisdicción de la AFA y estableció como sede social un domicilio en el partido bonaerense de Pilar. La resolución se basó en la reforma del estatuto aprobada en asamblea en octubre de 2024.

Sin embargo, la decisión generó polémica porque inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y de la Inspección General de Justicia habían verificado previamente que en ese lugar no funciona ninguna oficina administrativa, describiéndolo como un terreno baldío.

Más allá de esa observación, la Provincia avanzó con la validación formal del domicilio, lo que en los hechos implica que la AFA pase a estar bajo control exclusivo del organismo bonaerense, desplazando a la órbita nacional.

La medida se conoció casi en simultáneo con una acción del Gobierno de Javier Milei. Desde la IGJ se solicitó la designación de veedores para revisar la situación contable de la AFA, argumentando que la entidad no presentó en tiempo y forma documentación clave sobre sus balances.

Según el organismo nacional, la intervención de veedores apunta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y permitir un análisis integral de los números de la institución. Aclaran que no se trata de una intervención, sino de un mecanismo de control previsto en la normativa vigente.

Pero la jugada de la Provincia cambia el eje del conflicto: al reconocer la nueva jurisdicción, sostiene que la IGJ ya no tiene competencia para actuar sobre la AFA. En esa misma línea se expresó la propia entidad, que afirmó que el control corresponde únicamente al ámbito bonaerense.

Así, lo que comenzó como una discusión técnica por balances y documentación derivó en un enfrentamiento político e institucional entre Nación y Provincia. En el centro de la disputa está el poder de fiscalizar una organización que maneja recursos millonarios y tiene un peso simbólico enorme en la sociedad argentina.

El trasfondo excede lo administrativo. Mientras el Gobierno nacional impulsa auditorías y controles sobre distintas estructuras, la gestión bonaerense busca reafirmar su autonomía y marcar límites frente al avance de organismos nacionales.

Con este escenario, el conflicto podría escalar a la Justicia si ambas partes sostienen sus posturas. La clave será determinar qué jurisdicción tiene la potestad de controlar a la AFA y exigirle rendición de cuentas.

Por ahora, Tapia gana respaldo político en territorio bonaerense, mientras el Gobierno nacional mantiene la presión con la intención de avanzar en la revisión de sus números.