Juicio por YPF: Argentina defendió su posición ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que puso a prueba los argumentos de Burford

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York celebró este martes una audiencia decisiva en el juicio por la expropiación de YPF, en la que Argentina apeló el fallo de la jueza Loretta Preska que en 2023 condenó al país a pagar USD 16.000 millones al fondo Burford Capital.

El tribunal, integrado por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, interrogó de forma exhaustiva a los representantes legales de ambas partes, poniendo a prueba los principales argumentos en disputa: la competencia judicial, la interpretación del derecho argentino y el método de cálculo de los daños.

La defensa argentina estuvo encabezada por Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, junto a los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira. Giuffra sostuvo que el caso “nunca debió resolverse en una corte estadounidense” y que “los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino”.

“La jueza del distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina”, argumentó el abogado, al señalar que la causa debía haberse resuelto en tribunales administrativos del país, conforme al régimen local sobre expropiaciones.

Desde el Ministerio Público se remarcó que la defensa “presentó los argumentos con claridad, convicción y determinación”, y que el fallo de primera instancia se basó “en una interpretación errónea del derecho argentino”.

“Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión, garantizando la correcta aplicación del derecho local y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense”, señaló la Procuración del Tesoro en un comunicado.

La posición de Burford Capital

El abogado de Burford, Paul Clement, defendió la competencia del tribunal estadounidense y aseguró que los inversores afectados “compraron las acciones bajo reglas claras y amparadas por los estatutos de YPF”, los cuales —según su interpretación— obligaban al Estado a lanzar una oferta pública si recuperaba el control de la empresa.

Clement sostuvo que “Argentina incumplió un contrato” y que no existe en el derecho local una norma que imponga como exclusivo el reclamo ante tribunales argentinos. También rechazó que el caso se limite a cuestiones de derecho público, insistiendo en que se trata de un incumplimiento societario con efectos contractuales.

Los jueces del tribunal indagaron sobre la diferencia entre el derecho público y privado argentino, el alcance de los estatutos de YPF y la jurisdicción aplicable. Uno de los ejes del debate fue si la Corte estadounidense debía revisar la correcta aplicación del derecho argentino o si el caso debía haberse tramitado en Buenos Aires.