Jaque a la industria
El peloteo de responsabilidades entre la empresa EDECAT y el Gobierno por las deficiencias energéticas puso en alerta al sector industrial catamarqueño.
Por si no fuera suficiente con la incertidumbre en torno al sistema de promoción para el sector, atacado judicial y políticamente principalmente por la provincia de Mendoza, se suma ahora la restricción abrupta de la prestación energética a raíz de que el Gobierno dejó de pagar el alquiler de los generadores y, junto al resto, los seis que había en el complejo El Pantanillo fueron retirados por la empresa que rentaba su uso. Si bien voceros del Gobierno que asumirá el 10 de diciembre informaron que ENARSA proveerá los aparatos para reforzar la prestación durante la crítica temporada veraniega, los industriales salieron a advertir sobre el impacto que tiene la falta de energía en su actividad y expresaron su inquietud por lo que ocurrirá hasta que asuma la administración elegida por los catamarqueños el 13 de marzo.
La preocupación se disparó a partir de unas declaraciones públicas del subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante, quien consideró que el alquiler de nuevos equipos tiene que consensuarse con las autoridades que vienen, porque el elevado costo que tienen deberá ser afrontado por ellas. Muy considerado el gesto, aunque aislado: el Gobierno no tiene problemas en comprometerle el presupuesto a sus sucesores por todos los frentes, pero justo viene a mostrarse prudente con la provisión de energía.
El primero que expresó cuestionamientos a la prestación energética desde el sector industrial fue el vicepresidente de CONFECAT y miembro fundador de la UICA, Carlos Muia. Se refirió a la anómala situación de la firma concesionaria del servicio energético que, administrada desde hace tres años por interventores designados por el Gobierno, sigue manteniendo su carácter privado. De tal modo, el Gobierno aduce que es la empresa la que debe garantizar el servicio, sin hacerse cargo del fracaso de sus interventores en el objetivo de normalizarla. Esto genera una confusa circunstancia política. "No se sabe si EDECAT es una empresa de un grupo privado, del Gobierno o mixta", dijo Muia, molesto por "nadie se ocupa del tema" de la deficiencia en la provisión energética, clave para la industria. También reflexionó el industrial acerca del subdesarrollo energético catamarqueño: "No deberíamos estar hablando de si la energía la necesitan los industriales o las familias. Es lamentable que en 2011 estemos discutiendo a quién le damos luz y a quién le quitamos la luz; hay qué preguntarse qué hizo el Gobierno en estos últimos años", expresó. En la misma línea de Muia, aunque con menor acidez, se pronunció el titular de la UICA, Raúl Colombo.
El caso es que las industrias catamarqueñas se ven obligadas a tener generadores de energía propios para compensar la escasa tensión de la red y evitar los inconvenientes derivados de los cortes y fluctuaciones, que obligan a reiniciar el funcionamiento de las máquinas, con las consecuentes demoras en el proceso de producción. Es decir: más costos para la producción porque el Estado dejó de pagar los generadores que debieron incorporarse a la red por culpa de las fallas en la política energética oficial.
Las fallas incluyen, obviamente, la tolerancia que durante años se tuvo con la falta de inversiones e incumplimientos de EDECAT. Es notorio que mientras se pelea por la continuidad del sistema de promoción industrial, creado precisamente para compensar las desventajas comparativas de provincias como Catamarca, sobre todo en términos de costos productivos y de comercialización, las deficiencias energéticas obligan a la industria a incurrir en costosas erogaciones. Un círculo vicioso que no ha podido romperse y que se suma a la ausencia de un proyecto sólido tendiente a crear cadenas productivas que vinculen la industria con la actividad agroganadera, por ejemplo. Otro de los desafíos que tiene que acometer la gestión que viene y que demanda un profundo cambio en las concepciones políticas para superarse.