Investigan una trama de $27.000 millones: nuevas detenciones y allanamientos en Mar del Plata
La causa se inició en La Plata y sigue el recorrido de fondos que habrían circulado mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas con datos de terceros.
El seguimiento de operaciones financieras por unos $27.000 millones llevó a la Justicia a realizar seis allanamientos en Mar del Plata el miércoles 9 de septiembre. Los procedimientos terminaron con la detención de Cristian Alejandro Scigliano. Otros dos acusados, Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, no fueron encontrados en los domicilios registrados y, según la información publicada entonces, quedaron prófugos.
De acuerdo con La Capital de Mar del Plata, la fiscal Betina Lacki solicitó las medidas después de reunir elementos sobre el circuito del dinero. Entre los lugares allanados había propiedades en un barrio privado y un departamento en Playa Grande. La investigación ubica a los tres sospechosos en etapas posteriores de la presunta circulación de fondos y les atribuye asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.
El expediente tiene su origen en la denuncia de una trabajadora de maestranza del Poder Judicial bonaerense contra Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General de la Corte. Esa presentación dio paso a una pesquisa sobre la obtención de datos personales y su presunto uso para operar dentro del sistema financiero.
Según informó Infobae, la hipótesis fiscal sostiene que se ofrecía dinero a personas vulnerables para conseguir sus documentos, fotografías y un supuesto escaneo ocular. Esa información habría permitido abrir cuentas y billeteras digitales por las que después se movían recursos de procedencia sospechosa. Una de las líneas investigadas es la eventual relación con apuestas clandestinas por internet.
La causa ya había registrado detenciones el 14 de agosto, durante procedimientos en Mar del Plata, Córdoba y el Conurbano. En esa oportunidad fueron arrestados Mangini, Mauro Perrotta, dueño de los gimnasios Red Line, e Ignacio Marchioni, identificado como financista domiciliado en Quilmes. También se allanaron los tres establecimientos de la cadena deportiva en Mar del Plata.
En paralelo, la defensa de Mangini preparaba un pedido de arresto domiciliario con vigilancia electrónica y seguimiento médico. Para fundamentarlo, contaba con informes sobre su deterioro físico y emocional durante el encierro. La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata ya había rechazado un hábeas corpus al considerar que persistían riesgos de fuga y de interferencia con la investigación.
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