Investigan una red de licencias de conducir falsas: detuvieron a 10 personas y hubo allanamientos en San Martín y Ezeiza
La documentación apócrifa se ofrecía por WhatsApp y Facebook a personas que no podían obtener el registro por vías legales. La Justicia investiga si hubo complicidades dentro de los organismos municipales.
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de una investigación por la falsificación y comercialización de licencias de conducir. Los procedimientos se llevaron a cabo en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Martín y en dependencias del municipio de Ezeiza.
La causa comenzó en 2024 y está a cargo de la jueza federal María Servini. Hasta el momento, hay 10 personas detenidas y se detectaron más de 20 licencias apócrifas, aunque los investigadores no descartan que la cantidad aumente a medida que avance la pesquisa.
Los documentos falsos eran ofrecidos a través de WhatsApp y Facebook. Entre los compradores identificados había personas que no podían obtener un registro por los canales oficiales debido a distintos impedimentos: problemas médicos, antecedentes penales o infracciones graves de tránsito que habían derivado en el retiro de sus licencias.
Allanaron la Dirección de Tránsito de San Martín
Los agentes federales llegaron durante la mañana a la sede de Tránsito de San Martín, donde los vecinos realizan distintos trámites vinculados con sus registros de conducir.
A raíz del procedimiento, el lugar permanece cerrado. Los empleados que se encontraban trabajando fueron retenidos y quedaron a disposición de la Justicia para ser interrogados sobre un eventual conocimiento o participación en la maniobra.
La investigación busca determinar si la falsificación de los documentos era realizada exclusivamente por personas externas o si existían posibles complicidades dentro de las dependencias municipales.
Qué dijo la Municipalidad de San Martín
Desde la Municipalidad de San Martín cuestionaron el operativo y consideraron que fue “exagerado”. Según explicaron fuentes del municipio, si la Justicia hubiera solicitado información, la administración la habría entregado sin inconvenientes.
La principal hipótesis de las autoridades municipales es que no se trataría de una estructura interna, sino de “banditas” externas que habrían conseguido operar desde fuera del organismo.
Como antecedente, señalaron que el propio municipio había presentado una denuncia penal por este tipo de maniobras dos meses atrás y que también había realizado campañas en redes sociales para advertir a los vecinos sobre la venta de licencias falsas.
Sin embargo, los investigadores federales mantienen bajo sospecha la posibilidad de que empleados municipales hayan colaborado con la organización, motivo por el cual varios trabajadores fueron retenidos durante el procedimiento.
La preocupación por la seguridad vial
Además de la falsificación de documentación pública, que constituye un delito, los investigadores advierten sobre las consecuencias que puede tener la circulación de personas que obtienen una licencia sin cumplir con los requisitos establecidos.
Uno de los principales puntos de preocupación es que algunos de los compradores serían personas que habían sido consideradas no aptas para conducir por motivos médicos, mientras que otros tenían antecedentes o habían perdido sus registros por infracciones de tránsito.
La pesquisa continuará ahora para establecer cómo funcionaba la organización, quiénes participaban de la falsificación y comercialización de los documentos y si existían más involucrados dentro de los organismos encargados de emitir las licencias.
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