Inesperada vocación por innovar
* Carlos Pagni. El vendaval que sopló desde Soldati, modificó el paisaje político. Una de sus novedades terminó de verificarse ayer con la asunción de Nilda Garré en el nuevo Ministerio de Seguridad.
El vendaval que sopló desde Soldati, modificó el paisaje político. Una de sus novedades terminó de verificarse ayer con la asunción de Nilda Garré en el nuevo Ministerio de Seguridad. La creación de la cartera y la designación de Garré implican, en sí mismas, un cambio: Cristina Kirchner está revelando ser mucho más activa que su esposo frente a algunos nudos gordianos de la vida nacional. Más allá de su estilo impetuoso, Néstor Kirchner fue siempre muy conservador en sus decisiones. El círculo con el que gobernó no tuvo casi alteraciones al cabo de dos décadas. Y tampoco se tentó con afrontar las dificultades con reformas terminantes: una vez adoptado un criterio, lo mantenía hasta la inconsistencia, y más. Energéticos, monetarios, fiscales, agropecuarios, financieros: sobran los ejemplos. Su mujer, en cambio, demostró ayer una vocación inesperada por innovar. Asumió el drama de la inseguridad, que es percibido como la principal amenaza social, sobre todo en los grandes centros urbanos, y lo hizo en medio de la tormenta. Su marido jamás se lo hubiera permitido.
La receta para tratar el problema desnudó, además, que la Presidenta tiene escasísimas inhibiciones para mudar el signo de las políticas heredadas. Ya hubo indicios de ese rasgo: la vuelta al Fondo Monetario Internacional para reformar el Indec, la revisión de la política de precios para el gas, la abogacía a favor de los Estados Unidos en la Cumbre Iberoamericana, revelaron que Cristina Kirchner está imprimiendo a su gestión, con dos años de demora, un sello propio. En el caso de Garré, confiarle lo que antes se le confiaba a Aníbal Fernández es más que cambiar. Es girar en u.
Con Fernández, Kirchner se había zambullido, tras el caso Blumberg, en un temeroso statu quo. Fernández fue la garantía de que el espíritu inquisitorial que avanzaba sobre Defensa no se trasladaría a la Federal, la Gendarmería o la Prefectura. La reivindicación oficial de los derechos humanos quedaría encapsulada en un ejercicio retrospectivo. Salvo que se dispusiera de ella para amedrentar a la prensa, como se demostró con la imputación fraudulenta de un crimen de lesa humanidad contra Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto.
Con Garré convertida en sheriff, la Presidenta se apartó de este criterio. La ola revisionista, inspirada en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dirigiría ahora hacia uniformados que están a cargo de una tarea tan inquietante como la seguridad cotidiana. La designación de la fiscal Cristina Caamaño como secretaria confirma ese rumbo.
En la Federal temen que se inicien purgas motivadas en irregularidades administrativas. Hay que recordar, por ejemplo, que hace dos años al jefe de la policía, Néstor Vallecca, le pidieron el pase a retiro el director de Contrataciones y el de Contabilidad para no convalidar algunas contrataciones. De emprender este camino, tal vez Garré y sus sabuesos terminen husmeando por la Jefatura de Gabinete, en especial en las oficinas del secretario administrativo, Lucas Gancerain, y del subsecretario de Tecnologías, Eduardo Thill.
¿Es prudente poner la seguridad interior bajo la bandera ideológica que guió la gestión de Defensa? ¿Es viable que un gobierno que lleva siete años en el poder y carga con antecedentes muy poco edificantes en materia de transparencia, quiera regenerar una policía cargada de sospechas? Nadie sabe si la Presidenta se formuló estas preguntas. Tampoco se sabe si tiene interlocutores para contestarlas: se habla de cierto aislamiento que sólo quiebran Carlos Zannini, Héctor Icazuriaga y, por momentos, Julio De Vido, que terminó de conquistar el área de Defensa con la designación del moderadísimo Arturo Puricelli. Ayer, el nuevo ministro debutó con un entredicho en el Senado por los ascensos militares.
Pactos
Hubo otra mutación con la tormenta de Soldati: acaso por primera vez, el kirchnerismo apareció pactando. Y nada menos que con Mauricio Macri. Es verdad que en el acuerdo influyeron factores externos. La presión de gobernadores e intendentes peronistas fue determinante. Fernández y Florencio Randazzo dejaron entrever ante Macri que las ocupaciones del interior y el conurbano alarmaban a sus aliados. José Luis Gioja pidió la Gendarmería desde San Juan; Gildo Insfrán no superó su crisis con los tobas formoseños; en Jujuy y en Salta se multiplicaron los asentamientos; Daniel Scioli debió despejar varios predios de la provincia, en algún caso -aprovechando la ausencia del periodismo, como en Ramos Mejía- con modales mucho más rudos que el gobierno nacional. El peronismo mira el experimento Garré como una apuesta temeraria.
El pacto con Macri no se explica sin otra novedad que irrumpió desde Soldati. Es el estupor de la política convencional frente a un fenómeno que ya no se deja atrapar por ella y que, de a ratos, parece más organizado que ella. Ese fenómeno, que para la mayor parte de la opinión pública apareció por primera vez como sujeto social, es el lúmpen. Lo describió como nadie, ayer, en La Nacion, un militante social de la villa 20. Son pobres que mejoran su pésimo status gracias a la explotación de otros pobres. No sólo por el comercio de drogas, el robo, la prostitución o la piratería, casi siempre desarrollados con la complicidad de agentes policiales. También existe la opresión del negocio inmobiliario que se abre espacio en la miseria.
Según ese representante de una ONG, en las villas se alquilan cuartos miserables por 1200 pesos al mes. El dato refuerza lo que economistas como Pablo Gerchunoff señalan desde hace tiempo: la renta inmobiliaria no crece sólo en la Argentina sojera; trabaja también en el seno de la pobreza. En los últimos cuatro años, el precio del alquiler de una pieza en las villas subió el 150%. La señora de Kirchner debería entenderlo, ella, que debe su fortuna a los alquileres. Soldati fue la refutación de Amado Boudou y su tesis de que los desamparados son inmunes a la inflación.
Mejor guiarse por otro economista -en este caso, Lucas Llach- que extrajo de la invasión al parque una conclusión crucial: la carencia de políticas sectoriales, microeconómicas, del kirchnerismo, vuelve inocuo el crecimiento para quienes más deberían beneficiarse con él.
El viento de Soldati tronchó también un árbol conocido: Aníbal Fernández no tendrá más el poder que tuvo. Festejan De Vido, Randazzo, Hugo Moyano, también Scioli, a quien, antes de WikiLeaks, el jefe de Gabinete tendió una celada con Sergio Massa. En el kirchnerismo hay desconcierto. Gobernadores, intendentes, legisladores, quieren saber, devaluado Fernández, a quién habrá que creerle cuando alguien llame ahora en nombre de la Presidenta.
La receta para tratar el problema desnudó, además, que la Presidenta tiene escasísimas inhibiciones para mudar el signo de las políticas heredadas. Ya hubo indicios de ese rasgo: la vuelta al Fondo Monetario Internacional para reformar el Indec, la revisión de la política de precios para el gas, la abogacía a favor de los Estados Unidos en la Cumbre Iberoamericana, revelaron que Cristina Kirchner está imprimiendo a su gestión, con dos años de demora, un sello propio. En el caso de Garré, confiarle lo que antes se le confiaba a Aníbal Fernández es más que cambiar. Es girar en u.
Con Fernández, Kirchner se había zambullido, tras el caso Blumberg, en un temeroso statu quo. Fernández fue la garantía de que el espíritu inquisitorial que avanzaba sobre Defensa no se trasladaría a la Federal, la Gendarmería o la Prefectura. La reivindicación oficial de los derechos humanos quedaría encapsulada en un ejercicio retrospectivo. Salvo que se dispusiera de ella para amedrentar a la prensa, como se demostró con la imputación fraudulenta de un crimen de lesa humanidad contra Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto.
Con Garré convertida en sheriff, la Presidenta se apartó de este criterio. La ola revisionista, inspirada en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se dirigiría ahora hacia uniformados que están a cargo de una tarea tan inquietante como la seguridad cotidiana. La designación de la fiscal Cristina Caamaño como secretaria confirma ese rumbo.
En la Federal temen que se inicien purgas motivadas en irregularidades administrativas. Hay que recordar, por ejemplo, que hace dos años al jefe de la policía, Néstor Vallecca, le pidieron el pase a retiro el director de Contrataciones y el de Contabilidad para no convalidar algunas contrataciones. De emprender este camino, tal vez Garré y sus sabuesos terminen husmeando por la Jefatura de Gabinete, en especial en las oficinas del secretario administrativo, Lucas Gancerain, y del subsecretario de Tecnologías, Eduardo Thill.
¿Es prudente poner la seguridad interior bajo la bandera ideológica que guió la gestión de Defensa? ¿Es viable que un gobierno que lleva siete años en el poder y carga con antecedentes muy poco edificantes en materia de transparencia, quiera regenerar una policía cargada de sospechas? Nadie sabe si la Presidenta se formuló estas preguntas. Tampoco se sabe si tiene interlocutores para contestarlas: se habla de cierto aislamiento que sólo quiebran Carlos Zannini, Héctor Icazuriaga y, por momentos, Julio De Vido, que terminó de conquistar el área de Defensa con la designación del moderadísimo Arturo Puricelli. Ayer, el nuevo ministro debutó con un entredicho en el Senado por los ascensos militares.
Pactos
Hubo otra mutación con la tormenta de Soldati: acaso por primera vez, el kirchnerismo apareció pactando. Y nada menos que con Mauricio Macri. Es verdad que en el acuerdo influyeron factores externos. La presión de gobernadores e intendentes peronistas fue determinante. Fernández y Florencio Randazzo dejaron entrever ante Macri que las ocupaciones del interior y el conurbano alarmaban a sus aliados. José Luis Gioja pidió la Gendarmería desde San Juan; Gildo Insfrán no superó su crisis con los tobas formoseños; en Jujuy y en Salta se multiplicaron los asentamientos; Daniel Scioli debió despejar varios predios de la provincia, en algún caso -aprovechando la ausencia del periodismo, como en Ramos Mejía- con modales mucho más rudos que el gobierno nacional. El peronismo mira el experimento Garré como una apuesta temeraria.
El pacto con Macri no se explica sin otra novedad que irrumpió desde Soldati. Es el estupor de la política convencional frente a un fenómeno que ya no se deja atrapar por ella y que, de a ratos, parece más organizado que ella. Ese fenómeno, que para la mayor parte de la opinión pública apareció por primera vez como sujeto social, es el lúmpen. Lo describió como nadie, ayer, en La Nacion, un militante social de la villa 20. Son pobres que mejoran su pésimo status gracias a la explotación de otros pobres. No sólo por el comercio de drogas, el robo, la prostitución o la piratería, casi siempre desarrollados con la complicidad de agentes policiales. También existe la opresión del negocio inmobiliario que se abre espacio en la miseria.
Según ese representante de una ONG, en las villas se alquilan cuartos miserables por 1200 pesos al mes. El dato refuerza lo que economistas como Pablo Gerchunoff señalan desde hace tiempo: la renta inmobiliaria no crece sólo en la Argentina sojera; trabaja también en el seno de la pobreza. En los últimos cuatro años, el precio del alquiler de una pieza en las villas subió el 150%. La señora de Kirchner debería entenderlo, ella, que debe su fortuna a los alquileres. Soldati fue la refutación de Amado Boudou y su tesis de que los desamparados son inmunes a la inflación.
Mejor guiarse por otro economista -en este caso, Lucas Llach- que extrajo de la invasión al parque una conclusión crucial: la carencia de políticas sectoriales, microeconómicas, del kirchnerismo, vuelve inocuo el crecimiento para quienes más deberían beneficiarse con él.
El viento de Soldati tronchó también un árbol conocido: Aníbal Fernández no tendrá más el poder que tuvo. Festejan De Vido, Randazzo, Hugo Moyano, también Scioli, a quien, antes de WikiLeaks, el jefe de Gabinete tendió una celada con Sergio Massa. En el kirchnerismo hay desconcierto. Gobernadores, intendentes, legisladores, quieren saber, devaluado Fernández, a quién habrá que creerle cuando alguien llame ahora en nombre de la Presidenta.