Impulsan cerrar la entrada de inmigrantes con antecedentes penales
El giro a una política de controles más rígidos procura prevenir hechos de inseguridad. ¿Estás de acuerdo con la iniciativa?
El Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura luego de las controversias a raíz del asesinato de Brian Aguinaco perpetrado por un joven extranjero.
A sabiendas de que se trata de un año electoral y que, por consiguiente, puede implicar un costo político, en la Casa Rosada se esfuerzan por aclarar que será a través de "controles inteligentes" y "sin estigmatizar" ni caer en la "xenofobia".
El tema forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el Presidente a través de un decreto.
En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta al desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.
"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", razonó la canciller Susana Malcorra en diálogo con Clarín.
"No podemos -agregó la ministra- volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". ¿Qué se entiende por 'buena voluntad'? Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra.
"Con algunos, como Colombia, ya empezó a funcionar el intercambio de información migratoria, pero nos falta mucho", confiesan desde Migraciones. La intención es avanzar en más acuerdos de cooperación para reunir esos datos.
Y, al mismo tiempo, acelerar los plazos de expulsión de los inmigrantes que delinquen: "Hoy con la industria de la apelación hay casos que tardan hasta ocho años", señalan desde el oficialismo. El porcentaje de extranjeros que delinquen es bajo: según datos oficiales, apenas el 6 por ciento de la población carcelaria son extranjeros.
El tema estuvo en los centros de la polémica en los últimos meses, luego de que el senador del Frente Para la Victoria Miguel Pichetto calificara a los inmigrantes peruanos como la "resaca" de la región.