¿Cristina Kirchner vuelve? Confirmó que recurrió a la ONU por su condena en la causa Vialidad: “Exijo un juicio imparcial e independiente”

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles en varios medios del mundo un artículo de opinión con el objetivo de explicar los motivos por los cuales recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para tratar de mejorar su situación judicial por la condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad.

La nota titulada "En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia" fue publicada en diarios como El País, de España; Liberation, de Francia; y Folha, de San Pablo.

La ex mandataria, que cumple la condena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, también publicó este miércoles una carta abierta en sus redes sociales. La tituló "El costo democrático de la politización de la justicia" y también lo hizo para anunciar su decisión de recurrir a las Naciones Unidas.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

"Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales", sostuvo Cristina en el extenso texto que compartió en redes.

La presentación ante la ONU estará a cargo del abogado español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, uno de los abogados de Lula da Silva. "Dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos", destacó Cristina antes de sostener que los letrados "contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece".

En el artículo que publicó en los medios internacionales Cristina sostiene que la condena "no se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y releecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos".

En tanto, en su carta abierta en las redes fue más allá y sostuvo que la persiguen por su "condición de mujer". "Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos", insistió.

En ese texto que compartió en redes también apuntó contra el máximo tribunal del país, que ratificó su condena. "¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?", remarcó.

Para la todavía titular del PJ "la pena principal" de su condena es la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos. "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas", destacó.

En ambos textos la ex mandataria aseguró que seguirá defendiendo su "inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos".

La carta abierta, dirigida al núcleo duro de su militancia, cierra con un mensaje político. "Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio", escribió.

El artículo completo de Cristina Kirchner para justificar su decisión de recurrir a la ONU por su condena en la Causa Vialidad:

"La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el Poder Judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido.

Las violaciones de derechos humanos de las que soy víctima trascienden mi situación personal. Revelan un problema institucional que debe ser enfrentado. A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino. A ello se suma el atentado que sufrí el 1 de septiembre de 2022, un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática.

No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.

La proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye, tal vez, una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política.

Este fenómeno no conoce fronteras ni ideologías. En mayor o menor medida, puede observarse en distintos continentes. Cambian los países, cambian los protagonistas y cambian las circunstancias, pero permanece la misma lógica: transformar el Derecho en un instrumento para eliminar adversarios políticos. El resultado es el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales.

Fue precisamente por comprender que esta discusión trasciende las fronteras argentinas que decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina.

Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana.

No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino.

Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política.

Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre".