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Ganancias, retenciones e impuestos: la oposición busca voltear seis artículos del Presupuesto 2023

Aunque el oficialismo tendría los votos necesarios para la aprobación en general, Juntos por el Cambio, los libertarios y el Interbloque Federal buscarían unirse para la votación en particular.

En una sesión extensa y bajo la atenta mirada del Ministerio de Economía, la Cámara de Diputados se encamina a darle media sanción al Presupuesto 2023. Sin embargo, los principales bloques de la oposición negocian entre sí para voltear media docena de artículos, entre los que se incluyen el impuesto a las Ganancias para los jueces, la facultad para modificar retenciones y una suba de impuestos a la electrónica.

Luego de haber conseguido el quorum con ayuda de algunos diputados opositores, oficialismo confía en tener los votos necesarios para la aprobación general. Pero la discusión más tensa se dará en la votación en particular.

Juntos por el Cambio tiene 116 diputados; los bloques libertarios de Javier Milei y José Luis Espert suman 4; el Interbloque Federal, integrado por peronistas cordobeses, bonaerenses y socialistas, otros 8 legisladores, a lo que se puede sumar el diputado Felipe Álvarez, del bloque SER, que trabaja con el larretismo. Si estuvieran todos presentes -algo difícil de garantizar-, serían 129 diputados, mayoría suficiente para bloquear cualquier artículo.

La jugada opositora apuntaría contra 6 artículos fundamentalmente:

  • Ganancias a los jueces y empleados judiciales: el oficialismo incluyó el artículo 100 que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias y plantea que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el gravamen, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones. Pese al aval inicial, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Interbloque Federal sostuvieron que el Presupuesto no es el ámbito para discutirlo, consideraron que será declarado inconstitucional y lo inscribieron en un nuevo intento del kirchnerismo de ir contra la Justicia.
  • Retenciones: el artículo 95 modifica la Ley N° 27.541 y faculta al Poder Ejecutivo a fijar las retenciones hasta diciembre del 2023. La ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 permitía al Presidente de la Nación fijar derechos de exportación hasta diciembre del 2021, plazo que está vencido, y que el Gobierno no pudo prorrogar por el fracaso en el Congreso del Presupuesto 2022. Es decir, sin la norma el Ejecutivo no tiene cobertura legal para fijar y subir retenciones por decreto, con lo cual esta abierto a planteos judiciales.
  • Impuestos a la electrónica: el artículo 97 modifica los impuestos internos sobre los productos electrónicos elaborados en Tierra del Fuego, que suben del 6,5% al 10%, mientras que el gravamen para aquellos importados subirán del 17 al 19%. La medida había sido impulsada por los 5 diputados nacionales de la provincia, incluidos dos del PRO, pero el resto de Juntos por el Cambio manifestó su rechazo.
  • Beneficio a Camioneros: el artículo 104 multiplica por cuatro las deducciones para los trabajadores camioneros: según la oposición equivale a un “bonus” anual de $350.000, que desde enero se actualiza 85% por RIPTE, a $ 647.500 para 130.000 afiliados del gremio.
  • Otro impuesto a los pasajes de avión: por impulso del kirchnerismo, el artículo 124 se crea la tasa de Seguridad de la Aviación, que se aplicará tanto a vuelos de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hoy, por el cálculo que establece el artículo, lo que tendrían que pagar los pasajeros sería un máximo de $250.
  • Deudas provinciales con Cammesa: el oficialismo aceptó modificar en comisión el artículo 89, que establecía que Nación podía recortarle a las provincias fondos de la coparticipación para pagar las deudas que las empresas de distribución de energía eléctrica tienen con la mayorista Cammesa en esos distritos. Finalmente, las provincias deberán acordar en seis meses el sistema para saldar las facturas atrasadas. No se les podrá descontar fondos de la coparticipación, pero si no hay un plan de pagos sí se les podrá reducir fondos de convenios firmados por algún ente público con las provincias. La oposición pediría volver a modificarlo.

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