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España esperaba el avión con la droga

*Por Adrián Sack. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente 1° de ese país, admitió que la policía le había informado que se haría un procedimiento.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ayer que ya conocía de antemano la existencia de la operación de narcotráfico por la que el 2 de enero pasado fueron detenidos Matías Miret y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá en el aeropuerto de Barcelona.

Así, las autoridades españolas confirmaron las sospechas que se tejieron en los últimos días, pese al férreo secreto de sumario: los argentinos eran protagonistas de una operación de la que la Justicia ya tenía pistas desde semanas e incluso meses antes de su desarticulación.

El comentario oficial, lacónico y elíptico, pero en clara referencia a la detención de los tripulantes del Challenger 604 con 944 kilogramos de cocaína a bordo en el aeropuerto de El Prat, fue realizado ayer por el ministro del Interior y vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Conozco la operación porque evidentemente es muy importante, y me informó la policía que se iba a hacer", aseguró, en conferencia de prensa, quien hoy es considerado el "hombre fuerte" del gobierno español, y que también es frecuentemente señalado como el posible candidato presidencial por el oficialismo para las elecciones generales del año próximo.

A pesar de que Pérez Rubalcaba decidió no avanzar ni una sola palabra más en sus declaraciones con el fin de respetar el secreto de sumario y el curso de las investigaciones, su afirmación se alinea con las versiones de los voceros de la defensa y la fiscalía actuantes en esta causa a las que tuvo acceso La Nacion en Barcelona en los últimos días.

Según coincidieron las partes, la operación es de una "gran magnitud", y la poco habitual extensión del secreto de sumario se debería a que el juez interviniente aún no ha realizado las detenciones necesarias entre los integrantes de la red internacional de narcotráfico de la que habrían formado parte Miret y los Juliá. Esta apreciación también fue compartida por la Guardia Civil española, aunque siempre a través de conjeturas y evitando toda referencia directa a los detalles del caso.

No obstante, a través de la afirmación del alto funcionario del Poder Ejecutivo se deduce que la Justicia española habría estado esperando el 2 de enero la llegada del avión que había partido de la Argentina la noche anterior, y que había realizado una escala técnica en la isla de Sal, en Cabo Verde.

Tras ser arrestados, los tres argentinos fueron puestos en prisión provisional por orden del juez de instrucción sustituto del Juzgado Número 2 de El Prat, cuya identidad también fue protegida por el secreto de sumario. De acuerdo con la información proveniente de filtraciones en la causa, los hermanos Juliá y Gastón Miret se encuentran alojados en la cárcel modelo barcelonesa de L'Eixample, a la espera de nuevos avances en la investigación.

Convenio de cooperación

Las declaraciones de Pérez Rubalcaba acerca del conocimiento previo de la operación volvieron a poner bajo la lupa las tareas de coordinación entre las fuerzas de seguridad argentinas y españolas.

En noviembre de 2007, él y Aníbal Fernández, que era entonces ministro del Interior, firmaron un convenio de cooperación. Ese acuerdo establece un canal formal para el intercambio de información a nivel policial entre ambos países y está destinado, especialmente, a trabajar en conjunto y a intercambiar datos por canales formales sobre casos de narcotráfico y terrorismo. Este acuerdo contempla la colaboración mutua, pero no obliga a ninguna de las dos policías a avisar con antelación en caso de que un cargamento de droga se dirija, por ejemplo, de la Argentina a España.

Las relaciones entre las fuerzas, cuando incluso están de por medio otras agencias internacionales para el combate del narcotráfico -como la DEA o los servicios de aduana de países europeos, expertos en la materia-, están signadas por la confianza entre los hombres involucrados directamente en el operativo, ya sea para que no se pierda la carga, no sea robada en el camino o se permita la fuga de los implicados. No es raro que, a pesar del acuerdo, los datos relacionados con estos operativos solo se intercambien entre oficiales que se tienen mutua confianza.

El convenio, así y todo, permitió resonantes operativos antidrogas, como el secuestro de miles de kilos de cocaína disimulados en cargas de frutas, carbón o pescado con destino a España.

El último y más resonante caso comenzó en diciembre de 2009 cuando España avisó que llegaría a la Argentina un camión camuflado como uno de los participantes del Dakar 2010. Ese vehículo debía regresar a España, pero sin correr y cargado de cocaína. Los españoles proveyeron la información, el camión llegó a la Argentina, la policía siguió y escuchó a los narcos españoles, documentó la carga de la droga y avisó que el camión había sido embarcado de regreso a España, donde, en marzo de 2010, se secuestraron 814 kg de cocaína y se detuvo a una docena de personas.

DESMIENTEN UNA VINCULACION CON SW

El abogado Eamón Mullen, que representa a la empresa Southern Winds (SW) y a la familia Maggio, dueña de la aerolínea, desmintió cualquier vinculación con la causa que se inició en España por la detención de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, que tripulaban un avión con 944 kg de cocaína. "No existe ninguna relación entre SW y la familia Maggio y la investigación con el caso iniciado en España. Mis clientes y la línea aérea no tienen ninguna vinculación con el señor Miret, detenido en España." La Nacion había obtenido esa información de fuentes oficiales.