Es necesario promover una estrategia institucional para combatir la prostitución
El proyecto de ordenanza impulsado actualmente en el Concejo Deliberante local, (que prevé la clausura definitiva de locales de diversión nocturna donde se compruebe ejercicio de la prostitución o cualquier otra manifestación encuadrada en la trata de personas) puede constituir un paso positivo, en la medida en que resulte ser un ajuste de las normas locales a los postulados de la ley nacional que rige en la materia.
Sin embargo, deberá ser el cuerpo deliberativo el que determine la viabilidad de una iniciativa que merecería análisis más detenidos.
Según se informó, la ordenanza podría significar en los hechos el fin de las denominadas whiskerías o cabarés en la Ciudad, que hasta ahora son sancionados al comprobarse casos de prostitución, pero que vuelven a abrir sus puertas tras el pago de las multas que les son impuestas. Si se sancionara este proyecto, los locales serían clausurados y sus propietarios no podrían volver a ejercer ninguna actividad comercial al quedar inhibidos para hacerlo.
Un posible reparo que podría formularse, entonces, podría referirse a la necesidad de que existiera una actuación judicial previa, que es la única instancia habilitada para tipificar la comisión del delito de trata de personas. Sin la existencia de esa definición condenatoria, podría considerarse como discrecional la facultad asumida por la Comuna de clausurar en forma definitiva un local y prohibir a sus propietarios mantenerse en la actividad.
Resulta indudable que se está frente a una cuestión que ofrece numerosas aristas, todas ellas de compleja resolución, que asimismo impone la conveniencia de contar con políticas y estrategias certeras, sin que se incurra en impulsos efectistas que luego carezcan de aplicabilidad. Por otra parte, cada una de las cláusulas incluidas al texto debiera ser objeto de ponderadas valoraciones, pues también son muchos y legítimos algunos de los intereses en juego.
Pero lo cierto es que, sobre todo en los últimos meses, la detención en nuestra ciudad de personas supuestamente involucradas en casos de esclavitud sexual y, sobre todo, su posible vinculación con redes mafiosas de gran operatividad en el Noroeste y en algunos países limítrofes, de acuerdo a primeras evidencias surgidas de distintas causas penales, comprometen en forma inexcusable al Estado a esclarecer detenidamente y a combatir un fenómeno que, si bien lo ha sido siempre, se ha convertido ahora y en mucho mayor medida en un verdadero flagelo social.
Es verdad que el ejercicio de derechos privados por parte de personas adultas no puede ser menoscabado bajo ningún concepto. Tanto como que corresponde que el Estado -en el caso, con el concurso de muchas áreas de gobierno y a través de una equilibrada regulación local- extreme todas las acciones posibles para combatir la trata de personas, sin dejar de velar, asimismo, por las eventuales víctimas, devolviéndoles dignidad y condiciones de libertad que les permitan elegir una mejor calidad para sus vidas.