Entró en vigencia la imputabilidad desde los 14 años: qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil
La nueva normativa comenzó a regir este sábado y establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. Prevé penas de hasta 15 años, pero prioriza medidas alternativas al encierro y un tratamiento diferenciado del sistema penal de adultos.
El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado y modificó uno de los puntos centrales de la legislación anterior: la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal. La Ley 27.801 redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un sistema específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18.
La normativa habilita a los jueces a establecer penas de hasta 15 años de prisión, aunque el nuevo régimen no implica que todos los adolescentes condenados deban cumplir una pena de encierro. Para determinados delitos, especialmente aquellos que contemplan penas de hasta tres años, se prevén sanciones alternativas y medidas de seguimiento.
El objetivo de la nueva legislación es promover la responsabilidad por los delitos cometidos y, al mismo tiempo, favorecer la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.
“La lógica de la ley actual es no colocarlo en el derecho penal de adultos”, explicó a C5N el juez de menores Elbio Ramos, quien destacó que el nuevo régimen establece un tratamiento penal diferenciado.
Qué cambia para los adolescentes desde los 14 años
Con la entrada en vigencia de la ley, los adolescentes de entre 14 y 18 años que sean acusados de determinados delitos quedan alcanzados por un proceso penal específico. Esto significa que serán informados desde el inicio de la imputación, tendrán derecho a una defensa y sus padres o responsables deberán ser comunicados sobre el desarrollo de la causa.
El proceso será de carácter acusatorio y oral, con un rol activo de la fiscalía y la defensa. Los jueces, en tanto, deberán intervenir de acuerdo con las reglas establecidas para este tipo de procedimientos.
Ramos ejemplificó el funcionamiento del nuevo sistema con el caso de un adolescente de 15 años acusado de cometer un delito con un arma de fuego. En esa situación, el joven quedaría sometido a un proceso penal bajo las nuevas reglas, con defensa y comunicación a sus responsables.
“Va a haber un proceso oral, completamente oral, donde el fiscal y la defensa serán aquellos que promuevan el juicio”, explicó el magistrado.
La prisión como último recurso
Uno de los puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil es que la privación de la libertad no debe ser la primera respuesta frente a un delito cometido por un adolescente.
La normativa contempla diferentes tipos de sanciones y establece que el encierro debe utilizarse de manera excepcional y como último recurso. Además, las medidas de privación de libertad deben respetar una escala progresiva.
Según explicó Ramos, primero puede contemplarse la permanencia en el domicilio, luego un régimen semiabierto y, finalmente, el alojamiento en un instituto de internación o contención.
La ley también incorpora medidas complementarias destinadas a abordar situaciones de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran la continuidad de los estudios, tratamientos psicológicos ante dificultades vinculadas al consumo problemático, la capacitación laboral y la participación en actividades sociales y deportivas.
“Esto que debería haberse hecho antes, porque esta ley no previene; lo que tienen que prevenir la delincuencia son las políticas oficiales”, sostuvo Ramos.
Penas de hasta 15 años, pero con un régimen diferenciado
El nuevo régimen establece un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes de entre 14 y 18 años alcanzados por la ley. Sin embargo, el juez remarcó que esto no significa aplicarles las mismas reglas que a una persona adulta.
“El artículo 5 de esta ley establece, conjuntamente, todos los derechos, principios y garantías”, señaló Ramos. Entre ellos se encuentra el trato especial que deben recibir los adolescentes y la prohibición de alojarlos junto con adultos.
La normativa busca que la respuesta penal no se limite al castigo, sino que también permita abordar las condiciones de vulnerabilidad que pudieron influir en la comisión del delito.
¿Están preparados los institutos para recibir a más menores?
La implementación del nuevo régimen también genera interrogantes sobre la capacidad del sistema de alojamiento para adolescentes. En particular, Ramos advirtió sobre la situación de los institutos de la provincia de Buenos Aires.
Según detalló, actualmente hay más de 600 adolescentes privados de la libertad, mientras que existirían alrededor de 500 plazas disponibles, lo que genera un escenario de superpoblación.
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