Baja de la edad de imputabilidad: el Senado debate un cambio central en el régimen penal juvenil
El proyecto propone reducir la edad de 16 a 14 años y ya cuenta con media sanción. Incluye penas de hasta 15 años y medidas alternativas para delitos menores.
El Senado debatirá este viernes la modificación del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El proyecto forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno y llega al recinto con expectativas de aprobación, en medio de un contexto de fuerte discusión pública sobre seguridad y responsabilidad penal en menores.
La propuesta establece un nuevo marco normativo basado en principios como la proporcionalidad, la celeridad procesal y la resocialización. En ese sentido, plantea que la privación de la libertad sea una medida excepcional, aplicada como último recurso y bajo control judicial permanente.
Además, dispone que los menores condenados cumplan sus penas en establecimientos especializados, separados de la población adulta.
Uno de los puntos destacados del proyecto es el reconocimiento del rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Se garantiza su derecho a ser informadas, a participar en instancias clave, a contar con asistencia legal y a recibir acompañamiento psicológico.
En cuanto a las sanciones, se fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros. Para casos con condenas menores a 10 años, se contemplan alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento y medidas de reparación del daño.
El texto fue aprobado en Diputados con una amplia mayoría, lo que refuerza las expectativas del oficialismo de lograr también su sanción definitiva en el Senado.
El debate promete ser intenso, con posturas enfrentadas sobre cómo abordar la problemática del delito juvenil. Mientras algunos sectores consideran que la medida responde a una demanda social de mayor seguridad, otros advierten sobre el impacto que podría tener en los derechos de los menores.
La definición que tome el Senado marcará un punto de inflexión en la legislación penal juvenil en la Argentina.
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