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El problema no son los billetes, son los medios de pago

*Por Carlos Magariños. La falta de efectivo no radica únicamente en la escasez de billetes sino en la ineficiente implementación de los medios de pago apropiados y en la falta de innovación.

Nuestra economía crece con altas expectativas inflacionarias (pautas de renegociación salarial superior al 25% anual), promueve el uso de dinero en efectivo al gravar impositivamente las transferencias bancarias y facilita la salida de billetes de los bancos a través de la promulgación de la Ley de salideras bancarias. En este contexto es muy probable que la escasez de billetes sea recurrente si no se adopta una solución desde un enfoque amplio del problema.

Primera solución posible: emitir la misma cantidad de billetes pero de una mayor denominación. Sin embargo, esta alternativa fue descartada por el gobierno con el argumento de que se reconocería formalmente un nivel de inflación más elevado (contradiciendo así al Indec y poniendo en tela de juicio la política de control de precios).

Segunda solución posible: drogar el impuesto a las transferencias bancarias (conocido como impuesto “al cheque”) incentivando así el uso de los medios de pagos electrónicos en reemplazo del dinero en efectivo. Sin embargo, esta alternativa no se contempla como tal dado que dicho impuesto representa aproximadamente el 8% del total de la recaudación nacional.
La tercera solución posible es la recientemente adoptada por el BCRA relanzando el cheque cancelatorio (creado a fines de 2001). Esta alternativa se orienta en el sentido correcto dado que permite remplazar el uso de efectivo en transacciones de alto volumen financiero brindando la posibilidad de reasignar más eficientemente los billetes disponibles en nuestra economía. Por ejemplo, reasignar billetes utilizados en transacciones inmobiliarias hacia el pago de jubilaciones, pensiones y aguinaldos.

Sin embargo, el cheque cancelatorio se encuentra limitado en su misión de desplazar el uso del dinero en efectivo por parte del público en general. Esto se debe a que el BCRA centraliza su emisión y administración (muy probablemente para justificar su gratuidad) volviendo su gestión compleja para usuarios y bancos. Esto genera un costo encubierto para los mismos lo cual transforma la iniciativa en un fracaso, tanto comercial como en su objetivo de bancarizar la economía.

La estrategia adoptada es análoga a pensar que para el caso de transacciones de menor valor financiero, el BCRA pasara a centralizar la emisión de tarjetas de crédito y débito y posteriormente obligara a los bancos a que las administren sin cargo alguno. Es probable que administrativamente surjan fallas de lenta solución y los usuarios comiencen a desconfiar de dicho medio de pago privilegiando así el uso del dinero en efectivo. En consecuencia, la situación actual se agravaría.

Un medio de pago exitoso en su misión de optimizar el uso de efectivo debe administrarse descentralizadamente por parte de los bancos y ser regulado por el BCRA. Sobre esta premisa esta basada la propuesta de un nuevo medio de pago alternativo, llamado “certificados de efectivo” (Cedef).

Este certificado se emitiría a partir de un depósito de dinero en efectivo en un banco comercial bajo una cuenta llamada, por ejemplo, “cuenta custodia”, la cual sería utilizada únicamente con motivo transaccional. El certificado en sí representaría dinero en efectivo sólo para su único titular (quien podría denunciar a su banco emisor el extravío y rápida reposición). Por lo tanto, la característica distintiva de este medio de pago respecto del dinero en efectivo es la Titularidad del Certificado.

El Cedef está basado en un innovador mecanismo transaccional que reemplaza la transferencia de los valores entre titulares de cuentas bancarias por el cambio en la titularidad de la “Cuenta Custodia” y por lo tanto, los valores depositados en ella. En consecuencia, no está alcanzado por el impuesto a las transferencias bancarias.

La sucesión de transacciones provoca que el dinero en efectivo permanezca siempre en el banco. Lo que rota es el titular de la cuenta custodia (y por lo tanto de los fondos) mientras que el dinero en sí, queda inmovilizado en los bancos. Por lo tanto, el efectivo que alternativamente hubiera sido utilizado con motivo transaccional puede volver al BCRA en forma de encajes o ser reutilizado por los mismos bancos para el pago de jubilaciones y pensiones o recarga de cajeros automáticos.

El éxito de esta propuesta se complementa con el incentivo de los bancos por capturar nuevos fondos líquidos del mercado normalmente utilizados con motivo transaccional a través de la colocación de dichos certificados.