El juicio de Maradona y algunas sorpresas
El juicio por la muerte de Maradona venía bastante bien encaminado, avanzado a un ritmo lento, es constante y “bastante” prolijo. Hasta que un escándalo se desato en la última audiencia e hizo que se pusiera en duda el rol de una jueza y, el posible riesgo de continuidad del debate.
La Dra. Julieta Mackintach, integrante de la familia judicial de San Isidro, quien resulta ser hija de un polémico ex juez de San Isidro, está siendo investigada por haber realizado presuntas gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales interesadas en el debate oral donde se definirá el futuro de siete imputados por la muerte del astro del futbol.
La denuncia penal la hicieron los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry -representantes de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona, respectivamente- quienes señalaron que esta posible comisión de hechos sin consentimiento de las partes podría configurar “delitos de acción pública” que afectarían en el proceso penal. Los delitos son abuso de autoridad, prevaricato, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La cuestión del presunto documental, que se estaría filmando en las audiencias solo bajo el conocimiento de la magistrada. Según dijo en su intervención, ella es quien habría autorizado a dos o más personas a que recopilen material audiovisual del juicio sin el consentimiento de las partes. El abogado del neurocirujano Luque el abogado señaló a un hombre y una mujer que estaban en el público y pidió que se los identificara. Dijo que serían ellos los supuestos infiltrados. Ya con el lio en puerta, las personas señalas debieron poner sus identificaciones a disposición y presentarse ante toda la sala: dijeron ser escritores independientes que iban a ver las audiencias simplemente por interés y negaron formar parte de alguna producción o estar grabando con el aval de la magistrada.
Pese a que los “escritores” expresaron ante toda la sala, ya declararon dos testigos que aseguraron que la pareja tenía la autorización de la jueza Mackintach para entrar a las audiencias. Un dato de color, al inicio del juicio, el hombre ya se había presentado entre los periodistas acreditados como escritor y productor independiente; y la mujer quedó grabada en las jornadas de lineamientos (las únicas que se transmitieron por Youtube) hablando con un camarógrafo al que le llamaron la atención por filmar. ATENCION: Adentro de sala está prohibido registrar material audiovisual.
La jueza Mackintach, acorralada por el escándalo, admitió haberles permitido el ingreso, aunque niega rotundamente que haya sido para grabar un documental previamente acordado: dijo que él es pareja de una amiga suya y que ella es su compañera de la primaria, cuyo padre era fanático del derecho y “maradoniano” y solo quería presenciar el juicio, pero falleció antes de que comience. Se sospechaba que las personas señaladas y denunciadas, trabajarían para la productora Pegsa, de la que su hermano Juan es dueño junto al ex rugbier Agustín Pichot. La jueza admitió que su hermano es dueño de una productora, pero, que nada tiene que ver con el debate. Su hermano se llama Juan y es director general ejecutivo de la productora sospechada.
Hubo una confusa y sospechosa escena que protagonizaron los propios magistrados al comienzo de la jornada del jueves, la cual desconcertó a todas las partes y generó confusión y revuelo. Y fue el cambio repentino de los integrantes del tribunal en sus roles. En esta rotación, la jueza señalada pasó de desempeñarse como vocal a ocupar el rol de coordinadora del debate, que hasta ahora lo hacía Maximiliano Savarino. Es decir, que pasó a ser la persona que dirige los interrogatorios y analiza pruebas presentadas, entre otras funciones.
La explicación fue que el cambio respondía a “una cuestión administrativa”, aunque lo dicho, no convenció a nadie. Ante las protestas de abogados y fiscales, quienes dijeron que nunca habían visto una situación así en sus años de carrera y reclamaron que el debate siga siendo dirigido por el juez Savarino, como hasta ahora. En los argumentos expresados por abogados y Ministerio Público Fiscal, muchos señalaron que la decisión de cambiar los puestos podía poner en riesgo la validez del debate. El ambiente de la sala de audiencias, donde todo era confusión, termino de complicarse cuando el abogado del Dr. Luque, redoblo la apuesta contra la cuestionada jueza y expuso la situación de la filmación del documental.
El escándalo estallo, la cuestionada jueza actuó de manera poco transparente, con lo cual su imparcialidad está cuestionada, no sabemos qué intereses intenta proteger, de seguro que los de DIEGO MARADONA y los acusados NO…
Dejá tu comentario