El Gobierno planea cambiar por decreto la Ley de Glaciares para habilitar más zonas de explotación
El Gobierno avanza con cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares para permitir actividades económicas en zonas actualmente protegidas. A través de un decreto, busca reducir el alcance de la normativa vigente y habilitar la explotación minera e industrial en áreas periglaciares, lo que ya generó advertencias desde la ONU y preocupación entre ambientalistas.
La administración nacional trabaja en una modificación de la reglamentación de la Ley de Glaciares (N.º 26.639) con el objetivo de permitir actividades económicas en áreas cercanas a los glaciares. La intención es achicar las zonas protegidas para facilitar la instalación de industrias, emprendimientos mineros y energéticos, algo que viene siendo impulsado por sectores empresariales. Según fuentes oficiales, se busca brindar “seguridad jurídica” a futuras inversiones.
Los equipos técnicos de la Casa Rosada avanzan en una redefinición del área periglaciar, limitando la protección solo a zonas de roca o escombros activos, siempre que cumplan ciertos criterios: una superficie mínima de una hectárea, persistencia por al menos dos años, una función hídrica comprobada, y que figuren en el Inventario Nacional de Glaciares.
La ley actual impone fuertes sanciones para quienes afecten estas áreas, que van desde elevadas multas hasta la suspensión definitiva de la actividad. Sin embargo, el Gobierno quiere reducir ese alcance y permitir la instalación de proyectos industriales, aunque mantendría las restricciones para los glaciares propiamente dichos (tanto cubiertos como descubiertos) y seguiría exigiendo estudios de impacto ambiental.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, lidera esta iniciativa junto con la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, y otras áreas técnicas y legales del Gobierno. También se analiza reforzar el rol de las provincias en la decisión sobre qué zonas pueden habilitarse para el desarrollo económico.
Esta reforma ya había sido parte del borrador inicial de la Ley Bases, donde también se incluían cambios en la protección de los bosques y el financiamiento del Fondo de Bosques. No obstante, por falta de respaldo político, estas modificaciones fueron retiradas del texto final antes de su aprobación en 2024.
Cabe recordar que en febrero de ese año, la ONU envió una advertencia formal al Gobierno argentino. A través de cinco relatores de derechos humanos, el organismo cuestionó los cambios propuestos y advirtió que podrían poner en riesgo la labor de defensores del ambiente, calificando el proyecto como “regresiv
Dejá tu comentario