El Gobierno oficializó la privatización de AySA por US$ 340 millones
Un consorcio vinculado a los empresarios Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano se quedó con el 90% de las acciones de la empresa de agua y cloacas. La concesión tendrá una duración de 30 años e incluye un plan de inversiones de US$ 1.940 millones para los primeros cinco años.
El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$ 340,2 millones. El consorcio integrado por firmas vinculadas a los empresarios Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano se quedó con el 90% de las acciones de la compañía, que presta los servicios de agua potable y cloacas.
La adjudicación fue confirmada por el Ministerio de Economía, que informó que la oferta ganadora superó a la presentada por el grupo Roggio. El proceso se realizó mediante una licitación pública y contempla una concesión por un período de 30 años.
De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, el consorcio deberá ejecutar un plan de inversiones por US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años de la concesión. El objetivo es garantizar la operación y el mantenimiento de la red existente, además de afrontar las inversiones previstas para el servicio.
Según informó la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, la finalización del proceso licitatorio implica la transferencia de la operación y el mantenimiento de la infraestructura actual al sector privado, en el marco del nuevo esquema de gestión de la compañía.
Qué pasará con las acciones de AySA
Tras la adjudicación, el Estado nacional conservará el 10% restante de las acciones de AySA. Esa participación corresponde al Programa de Propiedad Participada, a través del cual los trabajadores de la empresa tienen acciones de la compañía.
De esta manera, la operación deja el control mayoritario de la empresa en manos privadas, mientras que el Estado mantendrá una participación minoritaria vinculada al esquema accionario de los trabajadores.
La concesión por tres décadas y el compromiso de inversiones por casi US$ 2.000 millones constituyen los principales ejes del nuevo contrato para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
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