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El Gobierno llegó a un acuerdo con las universidades para el aumento del presupuesto

La decisión fue informada por el Ministerio de Capital Humano luego de las protestas de hoy. Habrá un incremento de fondos de un 70% respecto de marzo y un porcentaje igual en mayo.


El Gobierno informó este jueves que llegó a un acuerdo con los representantes de las universidades nacionales que mantienen desde hace semana un reclamo por los recortes presupuestarios. En esencia, los directivos de las casas de altos estudios en el país aseguraban que, al repetir los mismos montos del presupuesto de 2023, los fondos se habían reducido en términos reales, por efecto de la inflación. Sobre el cierre de la jornada, el ministerio de Capital Humano comunicó que las asignaciones que envía el tesoro se incrementarán un 70% respecto del mes de marzo y otro porcentaje igual en el mes de mayo, lo que totaliza una recomposición del 140%, de acuerdo a los datos oficiales.

La propuesta está consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional, según informaron los funcionarios nacionales de la cartera que dirige la ministra Sandra Petovello. “De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661″, detalló el comunicado.

Luego, el consenso anunciado indica los siguientes dos ítems:

  • Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre como, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad.
  • Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

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