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El Gobierno justificó la baja de indemnizaciones por accidentes laborales: "Salvaguarda al sistema y protege a los trabajadores"
Macri lanzó un DNU donde cambió el índice a partir del cual se calculan indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Tras el DNU que lanzó el presidente Mauricio Macri en el cual redujo la indemnización por accidente laboral y muerte, el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, justificó la medida y sostuvo que, de no haberse tomado, el sistema de seguros hubiera colapsado. Eso, agregó, hubiera dejado a la deriva a los trabajadores y a las pymes.
Las indemnizaciones por incapacidad laboral o muerte del trabajador se fijan en una comisión médica y se calculan a partir del salario, actualizado por un índice. Si no hay acuerdo, el trabajador puede hacer juicio. En uno y otro caso, el índice era la tasa activa de interés del Banco Nación, según la ley N°24.557, actualizada en el Congreso a comienzos de 2017. El DNU cambia esa tasa por el índice Ripte, que mide la evolución del salario promedio de los trabajadores registrados y que en el último año corre detrás de la inflación.
"El DNU viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés a las indemnizaciones de trabajo por cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad laboral, que son temas macroeconómicos y de política monetaria. La tasa quedó en valores muy elevados, arriba del 90%, y las indemnizaciones por accidentes de trabajo se distorsionan de manera significativa", dijo Pazo.
"Las ART tienen que previsionar los montos que tienen que pagar y para asegurar ese pago hacen inversiones. No hay inversiones que den esa tasa (del 90%). La medida que tomamos es para salvaguardar un sistema cuyos beneficiarios son, en primer lugar, los trabajadores", agregó el funcionario.
"La rentabilidad promedio no excede del 42, 43 por ciento. Es falso decir que los beneficiarios son las compañías, que luchan por su subsistencia", dio Pazo. "En el sistema, el perjuicio mayor lo tienen los asegurados, los trabajadores", agregó.
"Si se considera un salario de 40.000 pesos, la tasa activa llevaba a que se pagara como si fuera un salario de 73.000 pesos. Eso llevaba al colapso del sistema. Se compensaba de dos maneras: o cerrando compañías (de seguros) o subiendo las alícuotas" que pagan las empresas, explicó. "Quienes se perjudicaban eran los trabajadores y las pymes", agregó.
Pazo afirmó que, como las tasas de interés se dispararon, "no había más acuerdos en la comisión médica" y el índice de litigiosidad volvía a escalar. "El sistema de ART empezó a bajar drásticametente la cantidad de juicios con la adhesión de las provincias a la ley.
El número de demandas ingresadas pasó de un promedio de 130.000 anuales ne 2016 a un ponderado de 60.000 en 2019", dijo. Pero ahora, "como la tasa era alta, se frenaban los acuerdos. En algunas provincias, se había empezado a revertir la baja (de litigiosidad) y la reversión tenía que ver con los criterios de tasa de interés. No convenía arreglar", agregó.
El problema, agregó, comenzó en octubre del año pasado "y ahora tiene un pico más alto". Eso, continuó, llevó a la necesidad y urgencia del decreto. "Veníamos trabajando en este proyecto desde hace siete meses. La coyuntura llevó a la urgencia, a que saliera el DNU", dijo Pazo.
"¿El trabajador accidentado va a cobrar menos?", preguntó TN.com.ar. "No, va a cobrar lo que corresponde", replicó Pazo. Y dio a entender que la "industria del juicio" sacaba ventaja de la alta tasa de interés: "Generalmente, le compraban el reclamo al trabajador y ese lucro no se lo quedaba el trabajador, necesitado de fondos, sino un tercero", agregó.
Y llevó el problema a un extremo: "Si un trabajador se enferma y no va a trabajar por un mes, ¿pierde el salario o el salario más la tasa del 100 por ciento? Ese costo hacía que se generaran incentivos contrapuestos, como una enfermedad ficta para no ir a trabajar y cobrar un salario más alto", indicó. "Por eso, la tasa de actualización es el Ripte, porque tiene que tener una contraprestación con la actividad real".
Pazo aclaró que, si la aseguradora no cumple con el pago de indemnización, entra en mora y "paga la tasa activa, hay una penalidad por el no cumplimiento".
Las indemnizaciones por incapacidad laboral o muerte del trabajador se fijan en una comisión médica y se calculan a partir del salario, actualizado por un índice. Si no hay acuerdo, el trabajador puede hacer juicio. En uno y otro caso, el índice era la tasa activa de interés del Banco Nación, según la ley N°24.557, actualizada en el Congreso a comienzos de 2017. El DNU cambia esa tasa por el índice Ripte, que mide la evolución del salario promedio de los trabajadores registrados y que en el último año corre detrás de la inflación.
"El DNU viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés a las indemnizaciones de trabajo por cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad laboral, que son temas macroeconómicos y de política monetaria. La tasa quedó en valores muy elevados, arriba del 90%, y las indemnizaciones por accidentes de trabajo se distorsionan de manera significativa", dijo Pazo.
"Las ART tienen que previsionar los montos que tienen que pagar y para asegurar ese pago hacen inversiones. No hay inversiones que den esa tasa (del 90%). La medida que tomamos es para salvaguardar un sistema cuyos beneficiarios son, en primer lugar, los trabajadores", agregó el funcionario.
"La rentabilidad promedio no excede del 42, 43 por ciento. Es falso decir que los beneficiarios son las compañías, que luchan por su subsistencia", dio Pazo. "En el sistema, el perjuicio mayor lo tienen los asegurados, los trabajadores", agregó.
"Si se considera un salario de 40.000 pesos, la tasa activa llevaba a que se pagara como si fuera un salario de 73.000 pesos. Eso llevaba al colapso del sistema. Se compensaba de dos maneras: o cerrando compañías (de seguros) o subiendo las alícuotas" que pagan las empresas, explicó. "Quienes se perjudicaban eran los trabajadores y las pymes", agregó.
Pazo afirmó que, como las tasas de interés se dispararon, "no había más acuerdos en la comisión médica" y el índice de litigiosidad volvía a escalar. "El sistema de ART empezó a bajar drásticametente la cantidad de juicios con la adhesión de las provincias a la ley.
El número de demandas ingresadas pasó de un promedio de 130.000 anuales ne 2016 a un ponderado de 60.000 en 2019", dijo. Pero ahora, "como la tasa era alta, se frenaban los acuerdos. En algunas provincias, se había empezado a revertir la baja (de litigiosidad) y la reversión tenía que ver con los criterios de tasa de interés. No convenía arreglar", agregó.
El problema, agregó, comenzó en octubre del año pasado "y ahora tiene un pico más alto". Eso, continuó, llevó a la necesidad y urgencia del decreto. "Veníamos trabajando en este proyecto desde hace siete meses. La coyuntura llevó a la urgencia, a que saliera el DNU", dijo Pazo.
"¿El trabajador accidentado va a cobrar menos?", preguntó TN.com.ar. "No, va a cobrar lo que corresponde", replicó Pazo. Y dio a entender que la "industria del juicio" sacaba ventaja de la alta tasa de interés: "Generalmente, le compraban el reclamo al trabajador y ese lucro no se lo quedaba el trabajador, necesitado de fondos, sino un tercero", agregó.
Y llevó el problema a un extremo: "Si un trabajador se enferma y no va a trabajar por un mes, ¿pierde el salario o el salario más la tasa del 100 por ciento? Ese costo hacía que se generaran incentivos contrapuestos, como una enfermedad ficta para no ir a trabajar y cobrar un salario más alto", indicó. "Por eso, la tasa de actualización es el Ripte, porque tiene que tener una contraprestación con la actividad real".
Pazo aclaró que, si la aseguradora no cumple con el pago de indemnización, entra en mora y "paga la tasa activa, hay una penalidad por el no cumplimiento".
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