El Gobierno demora la reforma tributaria y apunta a convertirla en una promesa para 2027

El Gobierno decidió postergar el avance de una reforma tributaria integral y, por ahora, no contempla enviar al Congreso un proyecto que modifique de manera profunda el sistema impositivo. La estrategia oficial apunta a preservar el equilibrio de las cuentas públicas y dejar los cambios estructurales para una próxima etapa, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

En la Casa Rosada admiten que el rediseño del esquema tributario podría convertirse en una de las principales promesas de campaña para un eventual segundo mandato de Javier Milei. La intención de avanzar hacia un sistema con menos impuestos y una menor presión fiscal se mantiene, pero su implementación quedó condicionada a que exista un mayor margen en las cuentas del Estado.

El principal límite es fiscal. Los últimos datos oficiales, correspondientes a julio, muestran que el Sector Público Nacional acumuló durante los primeros siete meses del año un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero el resultado financiero —después del pago de intereses de la deuda— fue de apenas 0,1%.

En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones, mientras que el resultado financiero alcanzó un excedente de $244.897 millones. Los números muestran que el Gobierno mantiene las cuentas en terreno positivo, aunque con un margen que todavía consideran insuficiente para resignar de manera permanente una parte significativa de la recaudación.

Un equilibrio fiscal con poco margen

La evolución de los resultados financieros durante el año también explica la cautela oficial. En enero se registró un superávit de $1,105 billones; en febrero, de $144.421 millones; en marzo, de $484.789 millones; en abril, de $268.103 millones; y en mayo, de $478.613 millones.

En junio, en cambio, las cuentas terminaron con un déficit financiero de $1,025 billones, mientras que en julio volvieron a mostrar un resultado positivo.

Además, el resultado de enero estuvo influido por ingresos extraordinarios vinculados con la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas. Según informó el Ministerio de Economía, si esos recursos de capital no se hubieran contabilizado, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones.

Ese dato es utilizado dentro del equipo económico como argumento para evitar comprometer reducciones permanentes de impuestos sobre ingresos extraordinarios o que podrían no repetirse en los próximos ejercicios.

Durante julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional fueron de $17,09 billones, con una suba interanual del 30,4%. El gasto primario, en tanto, llegó a $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios crecieron 29,6%.

Para el Gobierno, la continuidad del superávit depende de mantener bajo control el gasto y lograr que la recaudación continúe creciendo por encima de las erogaciones. Una reducción tributaria de carácter permanente podría alterar ese equilibrio si no existe una fuente alternativa de recursos.

La meta fiscal condiciona la reforma

Otro de los factores que pesa sobre la decisión es el compromiso de mantener equilibradas las cuentas públicas durante 2026. El Presupuesto vigente establece que la Administración Nacional debe finalizar el año con resultado financiero equilibrado o superavitario y había proyectado originalmente un excedente de $2,734 billones.

Por eso, en Economía consideran que antes de reducir impuestos de elevada incidencia sobre la recaudación será necesario generar un colchón fiscal suficiente para absorber el impacto.

El criterio también había quedado reflejado en el informe elaborado por el Consejo de Mayo sobre la reforma tributaria. Allí se planteó que una reducción de impuestos debe estar acompañada por una disminución del gasto público para que resulte sostenible. De lo contrario, el costo fiscal se trasladaría hacia los próximos años.

El documento también estableció que el Ministerio de Economía definiría el alcance y el momento de la reforma de acuerdo con el margen fiscal disponible.

Qué cambios estaban bajo análisis

El proyecto que se analizó durante los últimos meses contemplaba modificaciones en varios de los principales impuestos del sistema argentino.

Entre las alternativas figuraban una simplificación del IVA, cambios en el impuesto a las Ganancias y una reforma del Monotributo. También se estudiaba una eliminación progresiva de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta, con el objetivo final de avanzar hacia su desaparición.

A ese esquema se sumaban propuestas para reducir las retenciones y promover modificaciones en Ingresos Brutos y en las tasas municipales, en coordinación con las provincias y los municipios.

Sin embargo, el plan fue perdiendo impulso. Hacia fines de 2025, la Casa Rosada evaluaba dividir la reforma en varios proyectos para repartir su costo fiscal y avanzar de manera gradual durante 2026 y 2027.

En marzo, la estrategia ya estaba condicionada a una mejora de la actividad económica y de la recaudación. Durante el segundo trimestre, además, dejó de existir un cronograma definido para el envío de un paquete tributario integral al Congreso.

Caputo condicionó las bajas de impuestos al crecimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, había vinculado públicamente las futuras reducciones impositivas con la posibilidad de conseguir un superávit mayor a través del crecimiento económico y la formalización de la actividad.

En junio, el funcionario sostuvo que una economía más grande y con mayor nivel de formalidad, manteniendo controlado el gasto, permitiría generar los recursos necesarios para continuar reduciendo la presión tributaria.

La postergación de la reforma integral no implica, de todos modos, que el Gobierno haya abandonado la posibilidad de implementar nuevas rebajas puntuales durante 2027.

De hecho, Economía ya estableció un esquema de reducción de los derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene el proceso de eliminación progresiva de las retenciones industriales. Caputo también planteó que la eliminación total de los derechos de exportación forma parte de los objetivos para un eventual segundo mandato de Milei.

La diferencia, dentro del Gobierno, está entre esas reducciones específicas y una reforma estructural capaz de modificar simultáneamente los principales impuestos nacionales.

El desafío de acordar con las provincias

El otro gran obstáculo es político y federal. La Casa Rosada pretende que una eventual reforma nacional también sea acompañada por una reducción de Ingresos Brutos y de las tasas municipales.

Eso obligaría a alcanzar acuerdos con gobernadores e intendentes, en una discusión que excede al Gobierno nacional.

El Consejo de Mayo incluso decidió no incorporar en su propuesta central una modificación del régimen de coparticipación, debido a la complejidad del tema y a la necesidad de contar con la participación directa de todas las provincias.

Por ahora, la prioridad del Ejecutivo pasa por sostener el superávit, cumplir con las reducciones impositivas que ya tienen un cronograma definido y aprovechar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar bajas puntuales.

La reforma tributaria integral, en cambio, quedaría en pausa. Y, si las condiciones fiscales lo permiten, podría convertirse en una de las principales promesas económicas del oficialismo de cara a 2027.