El Gobierno analiza subir al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles tras el reclamo de las provincias

El Gobierno nacional analiza elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, en respuesta a un reclamo sostenido por los gobernadores. La medida, que implicaría una reforma con impacto fiscal, podría canalizarse a través de un proyecto de ley que sería debatido en el Congreso. Además, el Ejecutivo evalúa regularizar el giro de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias y avanzar en la descentralización de obras públicas.

“Todo lo que esté a nuestro alcance y no altere el equilibrio fiscal, lo vamos a hacer”, aseguran desde la Casa Rosada. El encargado de diseñar los aspectos técnicos de la propuesta es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El planteo fue uno de los temas tratados durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con cinco mandatarios provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En paralelo, el Ejecutivo intenta sumar a la mesa de negociación la designación de magistrados para cubrir 150 vacantes judiciales. Aunque el anuncio se había hecho en noviembre pasado, aún no se enviaron los pliegos al Senado. “Nos gustaría que sea una de las cuestiones a resolver con las provincias”, señalan en Balcarce 50.

Según trascendió, durante el encuentro también se mencionó —aunque de manera superficial— el reciente fallo contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Desde el entorno presidencial entienden que la decisión de la Corte Suprema generó "inestabilidad" en el entramado político de alianzas.

Otro punto que marcó el diálogo fue el proyecto para aumentar las jubilaciones y prorrogar la moratoria previsional, al que el oficialismo se opone. Desde el Gobierno advirtieron a los gobernadores que vetarán la iniciativa si recibe sanción completa en el Senado, pese al apoyo que ya obtuvo en Diputados con respaldo de legisladores aliados.

Como parte del rediseño del vínculo Nación-provincias, el Gobierno busca ceder nuevas atribuciones a los distritos, para que puedan encargarse de obras públicas bajo su jurisdicción —como rutas— sin depender del financiamiento central.

Actualmente, la Ley 23.966 establece que la recaudación del impuesto a los combustibles se distribuye de la siguiente forma:

• 10% al Tesoro Nacional

• 15,07% al FONAVI

• 10,40% a las provincias

• 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social

• 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica

• 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte

• 2,55% al Fondo de Compensación del Transporte Público

Muchas de estas estructuras, sin embargo, ya fueron eliminadas.

Finalmente, el Gobierno acordó mantener una mesa de diálogo permanente con los mandatarios provinciales, que volverán a reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En paralelo, se trabaja en una reforma impositiva integral que el oficialismo buscará tratar en el Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre.