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El femicida Fernando Farré le mandaba mensajes a la familia de la víctima desde la cárcel

El hombre tenía dos teléfonos celulares con todas las redes sociales instaladas.

La policía le secuestró dos teléfonos celulares que Fernando Farré, condenado por el brutal crimen de su ex pareja Claudia Schaefer, tenía en la cárcel y utilizaba para hostigar por redes sociales a testigos, a la hermana de la víctima y hasta a una de sus hijas.

La denuncia fue hecha por la fiscal de la causa, Carolina Carballido Calatayud, y por la querella y el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro ordenó el secuestro de los teléfonos.

El allanamiento se produjo en una celda del sector B del módulo de la Unidad 4 de Bahía Blanca del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí Farré cumple su condena a prisión perpetua por el femicidio ocurrido en 2015 en un country de Pilar.

Según el acta de secuestro, Farré tenía en su poder un celular marca Samsung modelo Core Prime SM-G361F. Este estaba debidamente registrado de manera oficial desde el 15 de abril, a partir de la resolución que permitió a los presos tener teléfonos móviles por las suspensión de la visitas ante la pandemia. Pero además tenía, de modo clandestino, un segundo aparato, también marca Samsung modelo J2 Prime SM-G532M.

El protocolo elaborado por las autoridades de las cárceles bonaerenses aclara que la única aplicación que los presos pueden tener descargada es la de WhatsApp. Sin embargo, en el caso de los dispositivos de Farré también estaban instaladas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

Por medio de perfiles de Facebook, algunos creados con nombres de personas vinculadas a la causa, el condenado acosó a un testigo que declaró en el juicio y la hermana de la víctima, Sandra Schaeffer. “Ambas personas manifestaron sentirse hostigadas y con temor por el insólito e insistente acoso de Farré”, indicó la fiscal de la causa, Carolina Carballido Calatayud, en una presentación realizada en conjunto con el abogado Jorge Sandro, quien representa como particular damnificada a la familia de Schaefer.

En su denuncia, Sandra Schaeffer además contó que recibió una solicitud de amistad del perfil de Farré que ella bloqueó y que luego se enteró que a través de Facebook, el femicida había intentado contactar a su hija mayor, que ya tiene 18 años, y que incluso le había mandado un mensaje a una amiga de la joven para preguntarle por un número de teléfono.

Tras el secuestro de los celulares, el abogado defensor de Farré, Jorge Césaro, presentó un pedido de recusación del juez juez Andrejin. En ese escrito, Césaro consideró la medida arbitraria y aseguró ser él mismo quien le maneja a Farré los perfiles de sus redes sociales.

El 16 de abril pasado, el juez Andrejin le rechazó a Farré un pedido de prisión domiciliaria que había formulado a través de su defensa por temor a contraer coronavirus dentro del penal bahiense.

En esa ocasión, la defensa del femicida había planteado que, a partir de su cuadro de hipertensión, dislipemia, depresión crónica, hernia de hiato y una serie de internaciones previas, el condenado estaba en una situación de riesgo de muerte ante una eventual infección por COVID-19.

Sin embargo, en su resolución, el magistrado consideró que las afecciones de salud que tiene Farré no alcanzaron para otorgarle el beneficio. Finalmente el condenado fue trasladado a un sector destinado a pacientes considerados de riesgo.

El femicidio de Claudia Schaefer fue cometido el 21 de agosto de 2015, en la casa de fin de semana que el matrimonio alquilaba en el country Martindale de Pilar. La mujer fue hasta allí para retirar sus pertenencias ya que la pareja atravesaba el proceso de divorcio. Cuando ella estaba tomando su ropa en el vestidor, Farré la atacó con dos cuchillos con los que la degolló y le provocó 66 cortes.

Farré fue condenado en 2017 en un juicio por jurados a prisión perpetua como autor de un “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por tratarse de un femicidio”, fallo que fue confirmado en 2018 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y que la defensa apeló ante la Suprema Corte de la provincia.

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