Dos inquietantes frentes que se abren
Mauricio Macri pasó las últimas 96 horas con una palabra rebotando en su cabeza: Juanjo. Ese sobrenombre es la señal de dos crisis.
Por Carlos Pagni. Nota extraída de Lanacion.com
Y condensa dos de sus principales desafíos. "Juanjo" Aranguren, el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó: la necesidad de pasar de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva.
Macri heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del consumo. Este rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en el sector de la energía. La transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario. El Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante: las audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación fiscal. Serán también un ágora ideal para la confrontación política.
El jueves pasado irrumpió en escena un nuevo "Juanjo": Gómez Centurión. Director de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Se trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores. Ese registro, publicado por el portal Infobae, fue editado. Aparece intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no fue aún identificado.
Macri ordenó investigar lo que pasó. La justicia federal ya abrió una causa. Mientras tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio clandestino de efedrina. Esta afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos antecedentes.
El argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades. Gómez Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron derivados a depósitos fiscales todavía no identificados. No hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.
Estos procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los responsables de la Aduana de Ezeiza. Esa decisión produjo una reacción sospechosa. Un funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para pedir que suspendiera el traslado de Pino. Miragaya es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.
El pedido de Miragaya es llamativo. A él se le atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay. La AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi: uno de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción para discutir los términos de la entrega. Ese traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe del área exterior de la agencia. La aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo. Fuera del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó siendo removido.
Miragaya está en la AFI por su vinculación con Majdalani. Y Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo. Estas relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la denuncia de Gómez Centurión. El funcionario explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la que le revocó la licencia. Entre los socios de esa empresa estuvieron Luis "el Gaita" Álvarez y Damián Sierra.
Sierra falleció hace poco. Era funcionario de la Aduana. Estaba en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi. Sierra ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en Buzios. Y, más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país después de que declaró en la causa Nisman por primera vez. Realizaron ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Y condensa dos de sus principales desafíos. "Juanjo" Aranguren, el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó: la necesidad de pasar de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva.
Macri heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del consumo. Este rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en el sector de la energía. La transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario. El Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante: las audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación fiscal. Serán también un ágora ideal para la confrontación política.
El jueves pasado irrumpió en escena un nuevo "Juanjo": Gómez Centurión. Director de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Se trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores. Ese registro, publicado por el portal Infobae, fue editado. Aparece intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no fue aún identificado.
Macri ordenó investigar lo que pasó. La justicia federal ya abrió una causa. Mientras tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio clandestino de efedrina. Esta afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos antecedentes.
El argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades. Gómez Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron derivados a depósitos fiscales todavía no identificados. No hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.
Estos procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los responsables de la Aduana de Ezeiza. Esa decisión produjo una reacción sospechosa. Un funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para pedir que suspendiera el traslado de Pino. Miragaya es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.
El pedido de Miragaya es llamativo. A él se le atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay. La AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi: uno de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción para discutir los términos de la entrega. Ese traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe del área exterior de la agencia. La aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo. Fuera del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó siendo removido.
Miragaya está en la AFI por su vinculación con Majdalani. Y Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo. Estas relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la denuncia de Gómez Centurión. El funcionario explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la que le revocó la licencia. Entre los socios de esa empresa estuvieron Luis "el Gaita" Álvarez y Damián Sierra.
Sierra falleció hace poco. Era funcionario de la Aduana. Estaba en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi. Sierra ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en Buzios. Y, más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país después de que declaró en la causa Nisman por primera vez. Realizaron ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.